La adquisición de un inmueble se puede considerar como la verdadera y, en muchos casos, la única inversión de envergadura que realiza gran parte de la población
LA OPINIÓN. MÁLAGA La vivienda es tanto en España como en la mayoría de los países occidentales uno de los destinos principales de los recursos disponibles a nivel familiar. La adquisición de la vivienda se puede considerar como la verdadera y, en muchísimos casos, la única inversión de envergadura que realiza gran parte de la población. En el caso de la vivienda arrendada, si bien ya no se trataría de una inversión material, los fondos que han de destinarse a su cobertura representan también una gran parte de los recursos disponibles. Dentro del margen de maniobra y decisión que tienen las familias sobre su renta disponible, los fondos destinados bien a la compra, bien al alquiler de la vivienda, son de los que tiene una mínima flexibilidad en tanto en cuanto el grado de variación en el cambio de coste mensual que puede soportar una familia en este tipo de gasto es superior al que soportaría en otros tipos de gasto.En situaciones como la actual, en que el encarecimiento del mercado hipotecario está haciendo incrementar el coste de adquisición de las viviendas, el comportamiento de las familias se dirigirá a compensar estos incrementos con traspasos a esta finalidad de rentas que anteriormente podía destinar a otros gastos de carácter menos imprescindible. Se observa así la disminución en el gasto en bienes de consumo esporádico, vacaciones, transporte, etc... siendo el gasto en vivienda el que más se mantiene como fijo e irrenunciable. Un incremento del coste de adquisición de la vivienda o del precio de los arrendamientos tiene efectos importantísimos sobre la capacidad de consumo de los particulares y, como estamos comprobando hoy día, efectos directos sobre la actividad económica.La renta disponible para hacer frente a la vivienda es un factor que tienen muy en cuenta las entidades financieras a la hora de conceder créditos hipotecarios. Los créditos con tipo de interés variable y referenciados a los tipos de referencia como el Euribor, tienen el problema de que al no existir una correlación directa entre la evolución del mercado de dichos tipos y el de la renta disponible de las familias, una situación que inicialmente era plenamente satisfactoria, puede derivar en otra de difícil solución.Datos más recientes del Banco de España han situado el porcentaje de renta bruta destinada a la vivienda en una media del 44,8 % en 2007 y llegó hasta el 46,2 % en el primer trimestre de 2008. Una circunstancia que participa indirectamente en la determinación del precio de la vivienda es la evolución de la parte de la renta disponible por los ciudadanos. Un periodo económico expansivo llevará a un incremento de la renta disponible. Si, como en los últimos años, el mercado financiero permite una reducción de los tipos de interés, el exceso de renta disponible puede destinarse a una reinversión en vivienda o, incluso, a la adquisición de una segunda vivienda. De esta forma, se producen incrementos de demanda que repercuten en las expectativas del mercado inmobiliario de forma que la oferta se acelera y se incrementan las promociones en construcción y, consecuentemente, del precio de las mismas.Las políticas públicas destinadas a promover vivienda protegida tratan de ampliar las posibilidades de acceso a este bien de aquella porción de la población que, por no disponer de suficientes márgenes de renta disponible, no puede hacer frente al precio de la vivienda en el mercado privado. Esta escasez de renta mensual disponible trata de compensarse con la determinación de tipos de interés hipotecario regulado de forma que las oscilaciones del mercado no afectan a los compradores de vivienda protegida de forma tan inmediata como a los de vivienda privada. πAsimismo las ayudas publicas se centran en la subsidiación de parte de las cuotas mensuales que han de abonar los adquirentes de una vivienda publica. De esta forma, la parte de la renta disponible que ha de dedicar una familia a dispòner de una vivienda se reduce de forma significativa.Un problema que, sin embargo, tienen que concretar estas políticas publicas es la forma de dar cobertura efectiva a esta necesidad en aquellos grupos de población que, aun con la existencia de ayudas publicas, no podrán llegar a disponer de renta suficiente para hacer frente incluso a tipos de interés regulados.
LA OPINIÓN. MÁLAGA La vivienda es tanto en España como en la mayoría de los países occidentales uno de los destinos principales de los recursos disponibles a nivel familiar. La adquisición de la vivienda se puede considerar como la verdadera y, en muchísimos casos, la única inversión de envergadura que realiza gran parte de la población. En el caso de la vivienda arrendada, si bien ya no se trataría de una inversión material, los fondos que han de destinarse a su cobertura representan también una gran parte de los recursos disponibles. Dentro del margen de maniobra y decisión que tienen las familias sobre su renta disponible, los fondos destinados bien a la compra, bien al alquiler de la vivienda, son de los que tiene una mínima flexibilidad en tanto en cuanto el grado de variación en el cambio de coste mensual que puede soportar una familia en este tipo de gasto es superior al que soportaría en otros tipos de gasto.En situaciones como la actual, en que el encarecimiento del mercado hipotecario está haciendo incrementar el coste de adquisición de las viviendas, el comportamiento de las familias se dirigirá a compensar estos incrementos con traspasos a esta finalidad de rentas que anteriormente podía destinar a otros gastos de carácter menos imprescindible. Se observa así la disminución en el gasto en bienes de consumo esporádico, vacaciones, transporte, etc... siendo el gasto en vivienda el que más se mantiene como fijo e irrenunciable. Un incremento del coste de adquisición de la vivienda o del precio de los arrendamientos tiene efectos importantísimos sobre la capacidad de consumo de los particulares y, como estamos comprobando hoy día, efectos directos sobre la actividad económica.La renta disponible para hacer frente a la vivienda es un factor que tienen muy en cuenta las entidades financieras a la hora de conceder créditos hipotecarios. Los créditos con tipo de interés variable y referenciados a los tipos de referencia como el Euribor, tienen el problema de que al no existir una correlación directa entre la evolución del mercado de dichos tipos y el de la renta disponible de las familias, una situación que inicialmente era plenamente satisfactoria, puede derivar en otra de difícil solución.Datos más recientes del Banco de España han situado el porcentaje de renta bruta destinada a la vivienda en una media del 44,8 % en 2007 y llegó hasta el 46,2 % en el primer trimestre de 2008. Una circunstancia que participa indirectamente en la determinación del precio de la vivienda es la evolución de la parte de la renta disponible por los ciudadanos. Un periodo económico expansivo llevará a un incremento de la renta disponible. Si, como en los últimos años, el mercado financiero permite una reducción de los tipos de interés, el exceso de renta disponible puede destinarse a una reinversión en vivienda o, incluso, a la adquisición de una segunda vivienda. De esta forma, se producen incrementos de demanda que repercuten en las expectativas del mercado inmobiliario de forma que la oferta se acelera y se incrementan las promociones en construcción y, consecuentemente, del precio de las mismas.Las políticas públicas destinadas a promover vivienda protegida tratan de ampliar las posibilidades de acceso a este bien de aquella porción de la población que, por no disponer de suficientes márgenes de renta disponible, no puede hacer frente al precio de la vivienda en el mercado privado. Esta escasez de renta mensual disponible trata de compensarse con la determinación de tipos de interés hipotecario regulado de forma que las oscilaciones del mercado no afectan a los compradores de vivienda protegida de forma tan inmediata como a los de vivienda privada. πAsimismo las ayudas publicas se centran en la subsidiación de parte de las cuotas mensuales que han de abonar los adquirentes de una vivienda publica. De esta forma, la parte de la renta disponible que ha de dedicar una familia a dispòner de una vivienda se reduce de forma significativa.Un problema que, sin embargo, tienen que concretar estas políticas publicas es la forma de dar cobertura efectiva a esta necesidad en aquellos grupos de población que, aun con la existencia de ayudas publicas, no podrán llegar a disponer de renta suficiente para hacer frente incluso a tipos de interés regulados.
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