El Ayuntamiento, antes de rescindir el contrato, lo utilizará provisionalmente para sustituir la oficina de turismo del paseo marítimo cerrada por reformas
Los estropicios cometidos en el Ayuntamiento de Marbella por las corporaciones gilistas nunca dejarán de sorprender a los ciudadanos ni a los gobernantes actuales. Sin ir más lejos, el portavoz municipal, Félix Romero (PP), anunció ayer que el Consistorio ha decidido que en octubre rescindirá el contrato de arrendamiento de un local situado en los bajos del polémico edificio Antonio Herrero, que, a pesar de haber estado alquilado alrededor de 10 años, jamás ha sido utilizado para intereses públicos.Lo más grave del asunto, en opinión de Romero, es que la administración local ha estado abonando durante todo ese tiempo 3.000 euros mensuales a la sociedad propietaria del inmueble, Rociomar 99 S. L, lo que ha supuesto un desembolso total que podría rondar los 360.000 euros por algo que "no se utilizaba absolutamente para nada".Sin embargo, el local, situado en el edificio que fue denunciado en los tribunales por haber sido construido en una zona destinada a equipamiento público en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, fue durante un tiempo la sede del partido que creó el ex alcalde Julián Muñoz (GIL), después de perder el poder a raíz de la moción de censura que encumbró a Marisol Yagüe. Aunque resulte paradójico, ahora que se va a rescindir el contrato, el Ayuntamiento ha decidido utilizar provisionalmente este inmueble como oficina de información turística, ya que la situada en el paseo marítimo permanecerá cerrada durante unos días por reformas en su interior.Para el portavoz de los populares esta última decisión, que ayer fue abordada por la junta de gobierno local, pone punto final a una "relación contractual muy gravosa para las arcas municipales", debido a que representaba "una época en la que se daba dinero del Consistorio a cambio de nada como consecuencia de un trato de favor".Por otra parte, la junta de gobierno contrató ayer a una empresa para que realice un estudio que analizará la viabilidad económica y los aspectos jurídicos, técnicos y medioambientales del proyecto previsto en el PGOU en la zona del polígono industrial La Ermita. Ante el traslado futuro de las naves al norte del centro comercial La Cañada, el Ayuntamiento quiere desarrollar en la actual ubicación un espacio de equipamientos públicos y privados, la creación de un gran parque, el desarrollo de una zona residencial con usos mixtos, un centro financiero y la instalación de una estación intermodal del corredor ferroviario. Los trabajos cuentan con una partida de 29.000 euros y serán realizados por la empresa Avant Asset Management.
Los estropicios cometidos en el Ayuntamiento de Marbella por las corporaciones gilistas nunca dejarán de sorprender a los ciudadanos ni a los gobernantes actuales. Sin ir más lejos, el portavoz municipal, Félix Romero (PP), anunció ayer que el Consistorio ha decidido que en octubre rescindirá el contrato de arrendamiento de un local situado en los bajos del polémico edificio Antonio Herrero, que, a pesar de haber estado alquilado alrededor de 10 años, jamás ha sido utilizado para intereses públicos.Lo más grave del asunto, en opinión de Romero, es que la administración local ha estado abonando durante todo ese tiempo 3.000 euros mensuales a la sociedad propietaria del inmueble, Rociomar 99 S. L, lo que ha supuesto un desembolso total que podría rondar los 360.000 euros por algo que "no se utilizaba absolutamente para nada".Sin embargo, el local, situado en el edificio que fue denunciado en los tribunales por haber sido construido en una zona destinada a equipamiento público en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, fue durante un tiempo la sede del partido que creó el ex alcalde Julián Muñoz (GIL), después de perder el poder a raíz de la moción de censura que encumbró a Marisol Yagüe. Aunque resulte paradójico, ahora que se va a rescindir el contrato, el Ayuntamiento ha decidido utilizar provisionalmente este inmueble como oficina de información turística, ya que la situada en el paseo marítimo permanecerá cerrada durante unos días por reformas en su interior.Para el portavoz de los populares esta última decisión, que ayer fue abordada por la junta de gobierno local, pone punto final a una "relación contractual muy gravosa para las arcas municipales", debido a que representaba "una época en la que se daba dinero del Consistorio a cambio de nada como consecuencia de un trato de favor".Por otra parte, la junta de gobierno contrató ayer a una empresa para que realice un estudio que analizará la viabilidad económica y los aspectos jurídicos, técnicos y medioambientales del proyecto previsto en el PGOU en la zona del polígono industrial La Ermita. Ante el traslado futuro de las naves al norte del centro comercial La Cañada, el Ayuntamiento quiere desarrollar en la actual ubicación un espacio de equipamientos públicos y privados, la creación de un gran parque, el desarrollo de una zona residencial con usos mixtos, un centro financiero y la instalación de una estación intermodal del corredor ferroviario. Los trabajos cuentan con una partida de 29.000 euros y serán realizados por la empresa Avant Asset Management.
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