viernes, 10 de octubre de 2008

El PGOU mantiene la previsión de 27.000 viviendas para los próximos ocho años (SUR)

El equipo redactor entregó ayer al Ayuntamiento y a la Junta el Plan revisado y listo para su aprobación provisional tras responder a las alegaciones. El nuevo planeamiento se llevará a pleno previsiblemente el 22 de octubre.

Marbella encara la recta final del largo y tortuoso camino para contar con un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y esta vez, lo que es más importante, con visos de prosperar definitivamente tras los oscuros capítulos que protagonizó el gilismo. El equipo redactor del nuevo planeamiento, encabezado por el arquitecto Manuel González Fustegueras, entregó ayer en mano al Ayuntamiento, al igual que a la Junta, el documento revisado y listo para su aprobación provisional, tras darse respuesta a las más de 8.500 alegaciones presentadas por particulares y colectivos en el periodo de información pública.

A la espera de que el equipo de gobierno informe de los cambios, fuentes consultadas por este periódico confirmaron que el nuevo Plan mantiene la previsión de que se construyan unas 27.000 nuevas viviendas en los próximos ocho años, pese a que la Junta de Andalucía, en el perceptivo informe de impacto ambiental, instó al Ayuntamiento a reducir en 4.200 inmuebles la proyección del parque residencial en el municipio.

Así, a las 17.000 casas de nueva construcción que prevé el Plan General se sumarían las más de 10.000 (con un mínimo del 30 por ciento de viviendas de protección oficial) que contempla el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) en sus áreas de desarrollo estratégico.

Normalización

Según adelantaron las mismas fuentes, también se mantiene el criterio para la normalización de las más de 18.000 viviendas ilegales que dejó el gilismo, aunque al parecer no las cargas o superficie de suelo -1,8 millones de metros cuadrados- que deberán entregar en total los promotores al Ayuntamiento para regularizar estos inmuebles. De acuerdo con las alegaciones presentadas por algunos empresarios afectados, se han reajustado las conocidas como compensaciones «al tener un mejor conocimiento de las cesiones que ya se hicieron».

Los propietarios de los inmuebles irregulares, además, podrán respirar tranquilos. Las cargas para la legalización tendrán que asumirlas los titulares del suelo con la salvedad de que ahora, tras la entrada en vigor de una nueva legislación estatal, se podrá seguir la pista de los promotores que se su día levantaron las construcciones y que en algunos casos podrían haber desaparecido entre el entramado de sociedades y con el cambio de unas manos a otras.

El debate, con todo, está servido. El calendario para su aprobación provisional pasa en principio, señalaron las mismas fuentes, porque se lleve a comisión informativa el viernes 17 de octubre de cara a un pleno extraordinario que se celebraría el 22 del mismo mes. Una vez se le dé el visto bueno se abrirá un nuevo periodo de información pública y será la Junta, que en su día tuteló la redacción del documento inicial, la que tenga la última palabra sobre su aprobación definitiva.

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