Las modificaciones al Plan aprobado inicialmente por el pleno dan luz verde a la construcción de más de 200 viviendas en Plaza de Toros. El edificio de Radio Nacional pierde el uso cultural que se había previsto.
El Plan General de Ordenación Urbana que el Ayuntamiento de Marbella aprobará en pleno el próximo 22 de octubre guarda importantes diferencias con el que obtuvo la aprobación inicial en julio del año pasado, apenas un mes después de la llegada de Ángeles Muñoz a la alcaldía. En aquella ocasión, el nuevo gobierno municipal dio su visto bueno al documento redactado bajo la dirección de la Junta de Andalucía sin apenas estudiarlo y con la intención de no prolongar la situación de inseguridad jurídica que suponía continuar con el Plan de 1986, pero el periodo de revisión de las alegaciones ha permitido avanzar en un documento más al gusto de los responsables municipales.
Durante estos meses, el área de Urbanismo ha mantenido un absoluto secretismo sobre el curso de las negociaciones para modificar el documento aprobado, en las que han participado algunos de los empresarios cuyos edificios se levantaron durante el gilismo al margen de la ordenación vigente.
Estos empresarios y los responsables municipales, en algunas ocasiones la propia alcaldesa, Ángeles Muñoz, se desplazaron en repetidas oportunidades a la ciudad de Jerez, donde el arquitecto redactor del Plan, Manuel González Fustegueras, tiene su estudio.
Reunión
En una de estas reuniones con la alcaldesa y González Fustegueras participó el propietario de la Cañada, Tomás Olivo, para analizar las compensaciones que el empresario debería entregar al Ayuntamiento, según explicaron a este periódico fuentes municipales, que sin embargo no han confirmado cuáles son las modificaciones introducidas en el Plan. Olivo es el propietario de suelo que mayores compensaciones deberá realizar.
Según información a la que ha tenido acceso este periódico, los cambios más importantes introducidos en este periodo van en la dirección de legalizar la situación de los inmuebles irregulares, en algunos casos a costa de que la ciudad pierda la posibilidad de contar con suelo para equipamiento en zonas estratégicas. A cambio, se ha blindado a los compradores de pisos para que no tengan que asumir compensaciones.
El caso de regularización posiblemente más importante es el de la tercera fase de La Cañada, en la zona donde se encuentran las naves paralizadas por un Juzgado de Málaga por haber sido construidas en suelo rústico. El Plan aprobado en julio bloqueaba la consolidación de esta zona comercial al calificarla como suelo para equipamiento público. La intención inicial era destinar esa área al nuevo recinto ferial. Sin embargo, las negociaciones llevadas a cabo en Jerez por el propietario del recinto, Tomás Olivo, han dado sus frutos.
El nuevo Plan cambia a uso comercial la calificación del suelo, lo que da luz verde a la ampliación de complejo. El Ayuntamiento se adelantó días atrás a este cambio previsto en el PGOU al autorizar en la zona la celebración de un evento comercial patrocinado por la multinacional Audi, que ha alquilado el recinto en más de 200.000 euros. Ahora se sabe que el uso comercial en ese sector no será provisional, sino permanente.
El nuevo Plan es un cúmulo de buenas noticias para Olivo, ya que se reduce a la mitad el sector reservado para el traslado del polígono industrial que pasa de un millón de metros a unos 480.000. Asimismo, la zona del alcornocal destinada en principio a reserva medioambiental también se reduce para dar paso al recinto ferial.
Las buenas noticias para el empresario no se acaban ahí. El emblemático edificio de Radio Nacional en la avenida Ricardo Soriano, que Olivo obtuvo en subasta pública en 2005 por 15 millones de euros, también ha cambiado su calificación. El Plan consideraba este inmueble como de equipamiento cultural, pero la calificación ha sido modificada y ahora será de uso hotelero. Olivo podrá levantar un hotel de seis plantas, y a cambio deberá ceder al Ayuntamiento 2.000 metros construidos, lo que equivale a media planta.
Edificio de Correos
Olivo no es el único empresario imputado en la 'operación Malaya' cuyos intereses se han visto favorecidos en la tramitación del Plan General llevada a cabo en los últimos meses. El antiguo edificio de Correos de la calle Adolfo Bazán, propiedad de una empresa relacionada con el también imputado Juan Hoffmann, también cambiará su destino. Este inmueble, paralizado por haber modificado el uso original y que recibió una sanción de cuatro millones de euros por parte de la gestora, figuraba como equipamiento público en el Plan original. Ahora podrá ser destinado a hotel.
Otra de las modificaciones introducidas en el Plan que favorecerá a los promotores afectará a la barriada de Plaza de Toros, donde la empresa Jotsa, propiedad de la familia García Obregón, podrá ejecutar su proyecto para construir más de 200 viviendas en un solar que originalmente estaba destinado a parques y jardines y equipamiento escolar. Este proyecto, defendido por el Ayuntamiento, ya ha levantado una agria protesta por parte de los vecinos de la zona.
San Pedro Alcántara
Otros dos edificios cargados de polémica también encontrarán amparo en el nuevo Plan General. Se trata de Jardines de la Costa, situado en San Pedro Alcántara, y Jardines del Príncipe.
El primero, de 61 viviendas, fue levantado con una licencia ilegal impugnada por la Junta de Andalucía. El nuevo documento urbanístico no preveía su legalización, por lo que en las negociaciones llevadas a cabo con el Ayuntamiento para permitir la concesión de licencias provisionales mediante el adelantamiento de la ejecución del Plan, la Consejería había puesto a este inmueble como ejemplo de lo que se debía demoler. Ahora, el Ayuntamiento lo legaliza.
La misma buena suerte correrá Jardines del Príncipe, un conjunto de 81 viviendas situado junto al Palacio de Ferias que se levantó en su día sobre suelo calificado para viviendas unifamiliares, zona verde y de viales.El nuevo Plan lo considerará legal a cambio de que se cedan los bajos al Ayuntamiento.
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