El Ayuntamiento estudia los proyectos de demolición presentados por las empresas y no aplicará sanciones por el retraso
Las dos promotoras obligadas por el Ayuntamiento de Marbella a derribar sendos edificios ilegales han presentado los correspondientes proyectos de demolición. La alcaldesa de Marbella avanzó ayer que los técnicos municipales estudian estos días esos planes antes de conceder la licencia de derribo. Ángeles Muñoz concretó que no se ha abierto un nuevo periodo para que las empresas en cuestión, Naviro Inmobiliaria S.A. (propiedad Ávila Rojas, procesado en el 'caso Malaya') y Prosavi, lleven a cabo la actuación ordenada por el equipo de gobierno contra estos edificios ilegales después de que el pasado día domingo venciera el anterior. El Ayuntamiento tampoco aplicará sanción alguna.
«Lo más importante sin duda es que finalmente serán las propias promotoras las que se responsabilicen del derribo y no el Ayuntamiento para después cargar el coste de los trabajos a cuenta de ellas (la empresas)», expuso la alcaldesa. Se trata de dos estructuras en Golf Río Real, en Las Chapas, y en Linda Vista Alta, en San Pedro Alcántara.
Las edificaciones están desocupadas e inconclusas, se encuentran en situación irregular al violar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 y son incompatibles con lo previsto en el nuevo planeamiento.
El Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía acordaron en septiembre adelantar la concesión de licencias que se ajustaran al futuro PGOU y avanzar en el derribo de estructuras deshabitadas cuya regularización no fuera posible según el referido documento urbanístico.
«Tranquilidad»
La alcaldesa firmó en su momento la orden de derribo de ambos inmuebles, pero el plazo concluyó sin que las promotoras la ejecutarán. «En este sentido estamos tranquilos porque, aunque no se abre ningún nuevo plazo, los técnicos estudian estos días esos proyectos presentados por las empresas, que obtendrán la licencia», explicó la alcaldesa: «Además cabe recordar que se trata de dos estructuras que no hacen nada, completamente inservibles, y que además no se ajustan a los acuerdos que adoptamos entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía».
El inmueble ilegal más notorio da la bienvenida a los visitantes a pocos metros de la entrada de Marbella, en Las Chapas. Se trata de un edificio de planta baja más tres de altura, en fase de revestimiento, deshabitado, que promueve el empresario granadino Ávila Rojas. Las obras fueron paralizadas en su día por la comisión gestora que gobernó el Ayuntamiento tras su disolución por carecer de licencia y están ejecutadas al 60 por ciento de lo presupuestado. El edificio se levanta sobre zona verde, contemplada como equipamiento en el PGOU aprobado de manera provisional.
La otra estructura a punto de ser destruida, de la promotora Prosavi, en San Pedro Alcántara, consta de seis viviendas adosadas y también inconclusas, que se levantan sobre un espacio verde que conservará la calificación.
A diferencia de la obra de Las Chapas, ésta sí contaba con licencia municipal concedida por el Ayuntamiento gobernado por el GIL, pero el permiso fue anulado posteriormente por los tribunales al incumplir el PGOU todavía vigente.
Las dos promotoras obligadas por el Ayuntamiento de Marbella a derribar sendos edificios ilegales han presentado los correspondientes proyectos de demolición. La alcaldesa de Marbella avanzó ayer que los técnicos municipales estudian estos días esos planes antes de conceder la licencia de derribo. Ángeles Muñoz concretó que no se ha abierto un nuevo periodo para que las empresas en cuestión, Naviro Inmobiliaria S.A. (propiedad Ávila Rojas, procesado en el 'caso Malaya') y Prosavi, lleven a cabo la actuación ordenada por el equipo de gobierno contra estos edificios ilegales después de que el pasado día domingo venciera el anterior. El Ayuntamiento tampoco aplicará sanción alguna.
«Lo más importante sin duda es que finalmente serán las propias promotoras las que se responsabilicen del derribo y no el Ayuntamiento para después cargar el coste de los trabajos a cuenta de ellas (la empresas)», expuso la alcaldesa. Se trata de dos estructuras en Golf Río Real, en Las Chapas, y en Linda Vista Alta, en San Pedro Alcántara.
Las edificaciones están desocupadas e inconclusas, se encuentran en situación irregular al violar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 y son incompatibles con lo previsto en el nuevo planeamiento.
El Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía acordaron en septiembre adelantar la concesión de licencias que se ajustaran al futuro PGOU y avanzar en el derribo de estructuras deshabitadas cuya regularización no fuera posible según el referido documento urbanístico.
«Tranquilidad»
La alcaldesa firmó en su momento la orden de derribo de ambos inmuebles, pero el plazo concluyó sin que las promotoras la ejecutarán. «En este sentido estamos tranquilos porque, aunque no se abre ningún nuevo plazo, los técnicos estudian estos días esos proyectos presentados por las empresas, que obtendrán la licencia», explicó la alcaldesa: «Además cabe recordar que se trata de dos estructuras que no hacen nada, completamente inservibles, y que además no se ajustan a los acuerdos que adoptamos entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía».
El inmueble ilegal más notorio da la bienvenida a los visitantes a pocos metros de la entrada de Marbella, en Las Chapas. Se trata de un edificio de planta baja más tres de altura, en fase de revestimiento, deshabitado, que promueve el empresario granadino Ávila Rojas. Las obras fueron paralizadas en su día por la comisión gestora que gobernó el Ayuntamiento tras su disolución por carecer de licencia y están ejecutadas al 60 por ciento de lo presupuestado. El edificio se levanta sobre zona verde, contemplada como equipamiento en el PGOU aprobado de manera provisional.
La otra estructura a punto de ser destruida, de la promotora Prosavi, en San Pedro Alcántara, consta de seis viviendas adosadas y también inconclusas, que se levantan sobre un espacio verde que conservará la calificación.
A diferencia de la obra de Las Chapas, ésta sí contaba con licencia municipal concedida por el Ayuntamiento gobernado por el GIL, pero el permiso fue anulado posteriormente por los tribunales al incumplir el PGOU todavía vigente.
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