La Fiscalía anuncia que velará por las sentencias de derribos. Málaga (LA OPINION)

El fiscal de Medio Ambiente asegura que "si se acuerda la demolición de una vivienda irregular, ésta es innegociable". La demolición puede evitar la pena.

J. A. SAU. MÁLAGA. El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil detectó, en septiembre de 2004, la construcción de una vivienda unifamiliar levantada sobre un suelo no urbanizable en un diseminado de la capital. El interesado no tenía licencia de obras y fue condenado a pagar una multa de 2.160 euros y a demoler la casa. El derribo se efectuó el pasado verano corriendo con los gastos el acusado. Este tipo de casos los suele investigar la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Málaga, dirigida por Juan Calvo-Rubio, quien apunta que "el ministerio público tratará de que se lleven a cabo todas aquellas demoliciones que se acuerden en sentencia judicial".

En delitos contra la ordenación del territorio suelen imponerse penas de cárcel, una multa y la demolición que, según la ley, debe ser asumida económicamente por el procesado. De hecho, según explica Calvo-Rubio, "muchas veces se puede evitar la pena si se efectúa la demolición".
La Fiscalía, ante la proliferación de estas autoconstrucciones ilegales, recuerda que su insistencia en que se ejecute el derribo de estas viviendas va a ser continua. "Cuando se acuerde la demolición en un fallo judicial, éste será un punto realmente innegociable", indica. Además, destaca que no se suelen tirar aquellas casas que, tras el paso de la investigación, van a ser legalizadas por los planes generales de los municipios. "Es importante que se devuelva el bien jurídico protegido que en estos casos es el propio suelo. Ahora, las sentencias se están ejecutando y cumpliéndose en sus más estrictos términos", aclara.

Estas declaraciones se pueden corroborar con sólo echar un vistazo a los datos de la Fiscalía relativos al ejercicio 2008: el pasado año se emitieron 13 sentencias por delitos contra la ordenación del territorio en las que se recogía la imposición del derribo de la construcción ilícita. En diez de esas causas se llevó a cabo la demolición de la vivienda irregular afectada.