El presidente del Gobierno andaluz insiste en que la Ley de Costas permite "un margen de flexibilidad" en cuanto a su interpretación para ver si estos establecimientos se mantienen o no
El reciente anuncio hecho por el Gobierno central para obligar a los chiringuitos a dejar las playas y aplicar la Ley de Costas de hace 20 años con toda su contundencia en el litoral ha hecho reaccionar incluso al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, quien aseguró ayer que la administración andaluza va a defender la permanencia de estos establecimientos en la playa por la importancia económica que tiene este sector en la comunidad. En rueda de prensa en Islantilla (Huelva), tras inaugurar el III Congreso de la Federación Andaluza de Cooperativas Agrarias (Faeca), Chaves explicó que la Junta entiende que el chiringuito "es un elemento singular e identitario de la oferta de ocio de las playas andaluzas" y que la ley "permite un margen de flexibilidad en cuanto a su interpretación para ver si se mantienen o no".
Según indicó, la postura de la Junta es que se mantengan, porque se trata de un sector que aglutina 4.000 establecimientos, genera 40.000 empleos y factura alrededor de 500 millones de euros al año. Por todo ello, el presidente autonómico anunció que el Gobierno ha aceptado la constitución de una mesa de negociación junto con la Junta y el sector para solucionar el problema desde el punto de partida de la administración andaluza defiende "su continuidad en determinadas condiciones de calidad y excelencia". Chaves se mostró convencido de que el proceso de negociación y diálogo con el Gobierno permitirá alcanzar una solución satisfactoria.
Por su parte, el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Espadas, expresó ayer su confianza en que las administraciones central y autonómica puedan encontrar una fórmula que compatibilice "lo más posible" la aplicación de la Ley de Costas con la preservación de algunos de los chiringuitos del litoral andaluz en la misma línea que la solución "bastante imaginativa" que se dio al Reglamento General de Carreteras que, en 1994, ordenó retirar los toros de Osborne.
Ante la polémica suscitada, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, lanzó ayer un mensaje de tranquilidad al sector de los chiringuitos y se mostró seguro de que habrá "una solución satisfactoria para todas las partes". Así, López Luna dijo ser "optimista" porque "creo que se pueden aunar posiciones" y agregó que, aunque en un principio no se han convocado reuniones, "no se descarta un futuro encuentro".
También el secretario general del PSOE en Málaga, Miguel Ángel Heredia, salió en defensa del sector y mostró su compromiso firme para pedir flexibilidad para abordar esta cuestión dentro de la legislación vigente.
En este sentido, aseguró que los socialistas "no van a parar hasta que la situación de los chiringuitos de Málaga esté resuelta para la tranquilidad de los empresarios y los trabajadores".
De hecho, los alcaldes y grupos municipales socialistas de la Costa del Sol han respaldado la necesidad de un proceso de diálogo y una mayor flexibilidad por parte de Costas, por lo que acordaron presentar mociones en apoyo al sector en los ayuntamientos afectados.
Según la Ley de Costas de 1988 y su posterior reglamento de desarrollo de 1989, los chiringuitos deben tener una superficie de 150 metros cuadrados y estar separados entre sí por 200 metros. Además, el Gobierno entiende que estos establecimientos deben estar fuera de la arena para no ocupar el dominio público marítimo terrestre y ubicarse en los paseos marítimos.
Según indicó, la postura de la Junta es que se mantengan, porque se trata de un sector que aglutina 4.000 establecimientos, genera 40.000 empleos y factura alrededor de 500 millones de euros al año. Por todo ello, el presidente autonómico anunció que el Gobierno ha aceptado la constitución de una mesa de negociación junto con la Junta y el sector para solucionar el problema desde el punto de partida de la administración andaluza defiende "su continuidad en determinadas condiciones de calidad y excelencia". Chaves se mostró convencido de que el proceso de negociación y diálogo con el Gobierno permitirá alcanzar una solución satisfactoria.
Por su parte, el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Espadas, expresó ayer su confianza en que las administraciones central y autonómica puedan encontrar una fórmula que compatibilice "lo más posible" la aplicación de la Ley de Costas con la preservación de algunos de los chiringuitos del litoral andaluz en la misma línea que la solución "bastante imaginativa" que se dio al Reglamento General de Carreteras que, en 1994, ordenó retirar los toros de Osborne.
Ante la polémica suscitada, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, lanzó ayer un mensaje de tranquilidad al sector de los chiringuitos y se mostró seguro de que habrá "una solución satisfactoria para todas las partes". Así, López Luna dijo ser "optimista" porque "creo que se pueden aunar posiciones" y agregó que, aunque en un principio no se han convocado reuniones, "no se descarta un futuro encuentro".
También el secretario general del PSOE en Málaga, Miguel Ángel Heredia, salió en defensa del sector y mostró su compromiso firme para pedir flexibilidad para abordar esta cuestión dentro de la legislación vigente.
En este sentido, aseguró que los socialistas "no van a parar hasta que la situación de los chiringuitos de Málaga esté resuelta para la tranquilidad de los empresarios y los trabajadores".
De hecho, los alcaldes y grupos municipales socialistas de la Costa del Sol han respaldado la necesidad de un proceso de diálogo y una mayor flexibilidad por parte de Costas, por lo que acordaron presentar mociones en apoyo al sector en los ayuntamientos afectados.
Según la Ley de Costas de 1988 y su posterior reglamento de desarrollo de 1989, los chiringuitos deben tener una superficie de 150 metros cuadrados y estar separados entre sí por 200 metros. Además, el Gobierno entiende que estos establecimientos deben estar fuera de la arena para no ocupar el dominio público marítimo terrestre y ubicarse en los paseos marítimos.
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