domingo, 5 de abril de 2009

Reclaman la legalización de las casas de El Palo y Pedregalejo, Malaga (LA OPINION)

La Federación de vecinos ´Unidad´ y las asociaciones de los dos barrios envían varias cartas al Ayuntamiento, la Junta y el Gobierno central exigiendo la medida
ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA Las promesas políticas siguen sin hacerse realidad con la legalización de las casas de las playas del Palo y Pedregalejo, de ahí que la Federación de Asociación de Vecinos ´Unidad´ y las asociaciones de vecinos de los dos barrios hayan enviado hace unos días un escrito a la ministra de Medio Ambiente, el jefe de la Demarcación de Costas, el alcalde de Málaga, la concejala de Málaga Este y la delegada del Gobierno de la Junta, entre otros cargos, reclamando una solución urgente.La carta realiza un repaso a este largo conflicto, que comenzó en 1977 cuando se plantea construir una autovía a Vélez Málaga por el trazado del antiguo ferrocarril, que al final terminó en la supresión del proyecto, a cambio de la creación de los dos carriles actuales (calle Bolivia y la avenida Juan Sebastián Elcano), además de con el compromiso de recoger jurídicamente la existencia de los barrios de las playas de Pedregalejo, Las Acacias, El Palo y El Deo.Los firmantes de la carta lamentan que desde la Ley de Costas de 1988, el actual Ministerio de Medio Ambiente no ha impulsado "ninguna iniciativa para resolver la situación de provisionalidad de las casas".La última iniciativa, recuerda la carta, se produjo en febrero de 2008, cuando las asociaciones vecinales, Costas y el Subdelegado del Gobierno se reunieron en la Aduana, exponiéndose actuaciones de ordenación y adecuación de las playas y paseos marítimos "y en la información facilitada por la Dirección General de Costas quedó claro que ninguna casa se vería afectada por las actuaciones". "No son legales". Sin embargo, la misiva muestra su preocupación por el informe de la Demarcación de Costas sobre el nuevo PGOU, que fue aprobado provisionalmente en agosto de 2008, y que a juicio de las entidades "causa desasosiego al conjunto de los vecinos", al declarar que las casas junto a las playas "no son legales, y que el Gobierno propone la programación de actuaciones a medio y largo plazo para derribar edificaciones en la zona de dominio público". Además, Costas recrimina al Ayuntamiento que la zona no haya sido objeto de protección para que no sea derribada. Ante esta último informe, los vecinos reclaman al Ministerio de Medio Ambiente, Costas, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, "los acuerdos en las distintas fases que sean necesarios para resolver definitivamente este viejo contencioso", contando con la participación de los colectivos vecinales.

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