Aseguran que si no se acomete la aprobación provisional este mes se perderán miles de puestos de trabajo.
Marbella perderá el 30 por ciento de su tejido empresarial y comercial, miles de puestos de trabajo y grandes inversiones privadas si el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad no se aprueba de forma provisional en junio. Esta fue la advertencia que lanzó ayer la Asociación de Empresarios y Profesionales de Marbella (CIT), cuyo presidente, Miguel Gómez, exigió que se acometa la aprobación provisional del documento este mes, dado que resulta "de vital importancia para la supervivencia de nuestro tejido empresarial".
Gómez, que presentó junto al secretario general de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Javier González de Lara, una batería de medidas empresariales "anticrisis", destacó que la tramitación de los planes urbanísticos "condicionan los resultados económicos de las empresas incidiendo directamente en su competitividad y en su cuenta de resultados". "Las informaciones que tenemos es que hay grandes inversiones pendientes de venir a Marbella, pero sin seguridad jurídica no lo van a hacer", afirmó el presidente del CIT.
En relación con la seguridad jurídica y urbanística, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), mostró ayer su satisfacción sobre las consideraciones recogidas en la Memoria de 2008 del Consejo Consultivo de Andalucía, que aprecia un retorno a la legalidad urbanística en el litoral malagueño y cita a Marbella como ejemplo de dicha recuperación. Muñoz aseguró que el informe "supone un aliciente" para el trabajo desarrollado por su equipo de Gobierno y constituye un mensaje a la oposición "para que no sigan inventando y viendo oscurantismo en la gestión municipal".
Para Ecologistas en Acción, sin embargo, las afirmaciones recogidas en la memoria del Consejo Consultivo de Andalucía suponen "un balón de oxígeno a todos aquellos imputados en delitos urbanísticos". El colectivo aseveró ayer que "difícilmente puede ponerse a Marbella como ejemplo de buena gestión ni como retorno a la legalidad cuando se ha limitado a trasladar al Consejo Consultivo sólo 100 expedientes en dos años de Gobierno y la mayor parte no tienen nada que ver con la concesión de licencias de obras ilegales por las que se está condenando a los concejales que concedieron aquellos permisos".
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