La mayoría son estructuras sin consolidar y que, por tanto, están deshabitadas. El gobierno municipal del PP mantiene la regularización de los 18.000 edificios que no se ajustan al Plan General vigente, de 1986. La novedad radica en la regulación de los inmuebles más polémicos
Explicación. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ayer en la rueda de prensa. La Opinión
PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA La piqueta no se cebará con Marbella. El gobierno municipal del PP prefiere que ni siquiera arranque. Para ello, ha apostado por regular la situación de la mayoría de las construcciones ilegales, especialmente las viviendas, ejecutadas durante el mandato del Grupo Independiente Liberal (GIL).
En total, los populares proponen salvar de la demolición a 18.000 viviendas irregulares a través del Plan General de Ordenación Urbana que se aprobará provisionalmente por segunda vez el 29 de julio. Son la totalidad de las casas que no se ajustaban al Plan vigente, de 1986.
Inicialmente, quedaban fuera de ordenación 752. Esta cifra se redujo a 500 con la primera aprobación provisional. El PP planteó la normalización de las promociones deshabitadas de Jardines del Príncipe, en plena milla de oro, y Jardines de la Costa, en San Pedro Alcántara. Actualmente, este medio millar prácticamente se anula, al regularizar los inmuebles más polémicos de la ciudad, como el Banana Beach.
En torno a un millar de construcciones, la mayor parte estructuras por consolidar, se incluyen en el nuevo documento urbanístico bajo la etiqueta conocida como ´fuera de ordenación´. Su significado es muy sencillo, no se ajustan al planeamiento, no se normalizan y, por tanto, su futuro queda pendiente de un dictamen judicial. Su denominador es común: lógicamente, ninguna está habitada. Una característica que ayer resaltó especialmente la alcaldesa, Ángeles Muñoz.
"Nuestro compromiso siempre ha sido proteger a los compradores de buena fe de las edificaciones que quedaban fuera de ordenación", recordó. Esta última versión del Plan General lo materializa. Todas las viviendas habitadas quedan incluidas en el proceso de normalización. Sin excepción. Incluso, aquellas cuya legalización parecía imposible.
Los principales puntos negros del proceso de normalización eran las promociones conocidas como Banana Beach, con más de 300 residentes, y las construcciones situadas en las zonas de La Víbora y Río Real, con 30 cada una. Todas ellas tienen informes técnicos y jurídicos que contradicen su legalización. Sin embargo, ahora se incluyen dentro del proceso de normalización.
La corporación municipal, reunida en pleno, deberá refrendar esta importante modificación incluida en el documento urbanístico. La última palabra queda en boca de la Junta de Andalucía, que deberá estudiar si las medidas propuestas por el Ayuntamiento se ajustan a las leyes y normativas vigentes.
Por el momento, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio no quiere hacer ninguna valoración al respecto. El grupo municipal socialista, sí, pero con cautela. "Tendremos que ver cómo se sustenta esa regularización. No es algo tan sencillo como borrar y dibujar de nuevo. En cualquier caso, si se ha logrado conseguir un encaje legal que defienda el patrimonio de los ciudadanos, estamos de acuerdo", avanzó la portavoz del PSOE en el Consistorio, Susana Radío.
La protección de los llamados compradores de buena fe llega más lejos. Un artículo introducido en la memoria jurídica del PGOU pretende librar a los adquirientes de las cargas urbanísticas que deben compensar para regularizar sus propiedades y que, en algunos casos, superaban los 12.000 euros por vecino.
Este texto, añadido por el Ejecutivo local, se fundamenta en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), pero "no solucionaba nada", de acuerdo con los juristas consultados por este diario.
"Las cargas de un suelo están íntimamente ligadas a su dueño", indicaron. Por lo que, en la práctica y de acuerdo con las fuentes consultadas, no tiene mucho sentido esta añadidura introducida por los populares en el Plan elaborado inicialmente. Un trabajo que le correspondió al equipo redactor elegido por la Junta de Andalucía cuando tenía las competencias urbanísticas, el gabinete del arquitecto Manuel González Fustegueras.
Por aquel entonces, en 2006, la Oficina de Planeamiento, radicada en la ciudad, cuantificaba las construcciones irregulares. La Opinión de Málaga tuvo acceso a este informe, hecho público hace tan sólo unos días, que cifraba en 38.194 el total de las obras irregulares consolidadas. Esta cantidad no sólo se refiere a las viviendas. Incluye hoteles, colegios, naves industriales, centros comerciales y hasta un helipuerto y una capilla que no se ajustaban al planeamiento vigente.
Un millar son las que quedan pendientes de la piqueta. "No es un punto final a Marbella. No es un borrón y cuenta nueva", sentenció la alcaldesa. Sin embargo, no todos los vecinos están conformes. La plataforma 29-M, en la que se integran los dueños de viviendas legales, considera que estas últimas determinaciones son más graves de lo que aparentan. "Antes era una amnistía encubierta. Ahora, lo sigue siendo, pero descarada", afirmaron ayer. El futuro inmediato de la localidad vuelve a quedar pendiente de un pacto político y por supuesto de una voluntad judicial.
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