El Consistorio propone que el Banana Beach no se derribe a cambio de ceder sus aparcamientos como equipamiento
P. SÁNCHEZ. MARBELLA El gobierno municipal del PP ha propuesto lo que ningún arquitecto pensaría que se podría proponer, legalizar el edificio que simboliza el urbanismo más feroz de la etapa de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL).
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, adelantó ayer que la promoción Banana Beach, a la entrada de la localidad y cercana a los también conocidos arcos que señalizan Marbella, quedará incluido en el proceso de normalización.
A cambio, sus constructores deberán ceder áreas comunes del inmueble, tales como sus aparcamientos o sus jardines. Estos espacios se destinarán a equipamientos públicos y de esta forma, podrá convertirse en un conjunto de viviendas legales.
Éste era el sueño de sus más de 300 vecinos. Uno de ellos fue el encargado de promover a la conocida plataforma de afectados por el PGOU.
Actualmente, este colectivo, prácticamente extinto, no ve oportuna la necesidad de luchar por una batalla que ya parece ganada, la legalización de su inmueble. Un edificio cuya situación de irregularidad conocieron con los primeros estudios de la Junta de Andalucía sobre el terreno, según argumentaron algunos.
"Tienen licencia municipal y están habitados", justificaba ayer la alcaldesa, Ángeles Muñoz. La regidora no concibe que un edificio en el que "aún tienen hipoteca sus residentes" pueda echarse abajo como tal cosa.
Otra plataforma. "Tenemos que defender la buena voluntad de esos vecinos que compraron su casa y que probablemente sea el único bien que poseen", añadió.
No todos están conformes con la decisión. Hay una plataforma que tampoco concibe quedarse sin la zona de playa que, según aseguran, el Banana Beach les continúa robando de sus vistas.
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