Los vecinos, desesperados, afirman que desconocían los problemas jurídicos cuando las compraron.
Una de las vecinas afectadas, Remedios Cabrera, muestra el estado de la urbanización. L.S.
Sin permiso de habitabilidad, sin los servicios básicos que requiere la puesta en marcha de una nueva urbanización y con la amenaza de derribo de sus casas. Ése es el problema con el que se encuentran los vecinos que han adquirido en propiedad una de las 48 viviendas levantadas a la entrada de Sierra de Yeguas, junto a la carretera que conecta la localidad con la vecina Fuente de Piedra.
La citada promoción, ubicada en la urbanización conocida como ´Sierra Llana´, fue levantada hace unos cuatro años por una promotora local del pueblo, Materiales de Construcción Rosfranju, que obtuvo licencia de obra para ejecutar los inmuebles por parte del anterior alcalde, Salvador Ortiz, del Partido Andalucista.
Fuentes del Ayuntamiento de Sierra de Yeguas –liderado ahora por el Partido Popular– han confirmado que a fecha de hoy es "imposible reconocer la legalidad" de esa urbanización porque sobre ella pesa una orden de derribo de la Junta de Andalucía, debido a lo que han catalogado como un "posible delito urbanístico", según el cual la promoción se extiende hacia la carretera contigua unos tres metros más de lo permitido.
"Estamos en la fase de buscar soluciones, pero lo que está claro es que no se puede recepcionar una urbanización sobre la que pesa una orden de derribo", adelantó a este periódico el alcalde serrano, Rafael Sánchez Lavado. Precisamente, el actual regidor puso en conocimiento de la Fiscalía la supuesta irregularidad urbanística de la promoción y en estos momentos se han iniciado las diligencias previas en relación al supuesto delito urbanístico.
Perjudicados. Mientras tanto, los perjudicados son los vecinos que en su momento compraron esas casas, sin conocer el trasfondo jurídico de la actuación. "Todos mis ahorros, unos 50.000 euros, los dejé en esta casa, y ahora parece que se me pierden en el camino. Nadie sabe nada, y mientras tanto malvivimos en nuestros hogares con luz y agua de obra, a sabiendas de que además no podríamos ni vivir aquí", lamenta Remedios Cabrera Gallardo, natural de Málaga capital, pero residente en el pueblo desde hace unos años en que se divorció.
Unas casas más abajo vive Carmen Salcedo, quien lamenta, por su parte, la inseguridad que pueden llegar a sentir los pocos vecinos que allí residen. "No hay ni una triste farola y, además, tenemos que ir a tirar la basura a la rotonda de entrada, a más de 800 metros", explica la mujer.
La situación urbanística ha provocado que algunos propietarios hayan optado por no escriturar las viviendas, que en muchos casos están siendo embargadas por la entidad que ha financiado la actuación.
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