lunes, 11 de enero de 2010

Antonio Morales, fiscal jefe de la Audiencia de Málaga: «La vía penal es la adecuada para castigar a quienes infringen las normas urbanísticas» (SUR)

Morales, que cumple un año al frente de la Fiscalía, considera que los delitos urbanísticos tienen «consecuencias irreparables»

Antonio Morales, fiscal jefe de la Audiencia de Málaga: «La vía penal es la adecuada para castigar a quienes infringen las normas urbanísticas»
Morales defiende que el fiscal es la figura más avanzada del sistema jurídico. :: PEPE ORTEGA
Cumple un año en la dirección de la Fiscalía de Málaga, a la que se ha propuesto acercar al ciudadano «como servicio público que es», afirma. Su principal empeño es la protección de las víctimas de los delitos e impulsar la especialización de los fiscales en las materias más sensibles. En una de ellas, el urbanismo, se muestra inflexible y rechaza, como proponen los alcaldes de la Axarquía, que las irregularidades cometidas en muchos municipios de la provincia, se diriman en los tribunales administrativos, fuera de la vía penal.
-¿Qué balance hace de este primer año?
-Yo creo que es bueno. Se ha conseguido una Fiscalía más abierta a los ciudadanos, aunque aún tenemos que corregir algunos déficit, como son el de la cultura preventiva, para anticiparnos a la comisión del delito, y el de la protección integral de las víctimas. En el primero, creo que hemos avanzado bastante, por ejemplo, en materia de delitos informáticos, una especialización que creamos el año pasado. Se están dando charlas y conferencias a funcionarios, profesores, alumnos y padres sobre el uso de las nuevas tecnologías y los peligros de Internet. Para lo segundo, crearemos en febrero un delegación especial que contará con un equipo de fiscales, con un coordinador, para dar una protección integral, desde el plano personal, jurídico y social, a las víctimas de los delitos, que han sido siempre las grandes olvidadas del Derecho Penal.
-Usted siempre ha defendido que los fiscales sean los que lleven la instrucción judicial, pero prácticamente nada se avanzado en esto.
-El fiscal es la figura más avanzada del sistema jurídico; ha experimentado una auténtica revolución gracias a su especialización en distintas materias, cosa que no ocurre con los jueces. Es cierto que la ley sigue adjudicando la instrucción a los jueces, pero en la práctica los fiscales, aunque no la llevamos, somos los que la orientamos de forma activa.
-Ha anunciado que el fiscal Anticorrupción se verá apoyado por otros dos fiscales para el juicio del 'caso Malaya', que durará en torno a un año, ¿pero será suficiente sin coincide con el enjuiciamiento del 'caso Ballena Blanca'?
-No pueden coincidir en el tiempo. Es de sentido común. La razón lo impone y también el buen funcionamiento de la Justicia.
-Usted se mostró en desacuerdo con el pacto entre la Fiscalía y los concejales del GIL acusados de delitos urbanísticos. Los alcaldes de la Axarquía piden ahora que las irregularidades urbanísticas se saquen de la vía penal y se diriman en los tribunales administrativos. ¿Qué opina?
-El urbanismo es el futuro de los pueblos, de las ciudades. Atacar o vulnerar el urbanismo es acabar con las particularidades de esos pueblos y ciudades; es acabar con su identidad. Soy absolutamente partidario de aplicar con rigor la vía penal a quienes infringen las normas urbanísticas. Es la adecuada porque causan un enorme perjuicio social, con consecuencias de difícil reparación. Es lamentable que se haya perdido la identidad, incluso el derecho al paisaje.
-Le han acusado como jefe de la Fiscalía de actuar al dictado político del Gobierno, de persecución política en casos de corrupción, en concreto en el que está imputado el alcalde de Alhaurín el Grande, del PP.
-Eso es una tontería. No tiene sentido. También se ha dicho lo mismo del fiscal general del Estado cuando ha quedado en evidencia que se ha actuado tanto contra unos como contra otros, no por su adscripción política sino por las conductas que se han cometido. Ese tipo de declaraciones atentan contra las instituciones democráticas.
-En su toma de posesión dijo que frente a la violencia contra la mujer la Justicia es la respuesta. ¿Qué tiene que decir a quienes sostienen que la ley contra la Violencia de Género está provocando muchas denuncias falsas?
-Pues que lo único verdadero son las muertes y las agresiones que sufren las mujeres y que el hecho probado es que las han ejecutado hombres. Este tipo de opiniones desacreditan a las instituciones democráticas y también a la propia Justicia, que busca pruebas para condenar esas conductas delictivas. Esas afirmaciones no se ajustan a la realidad.
-¿Cuenta con medios suficientes la Fiscalía para luchar contra las organizaciones criminales asentadas en la Costa del Sol?
-Creo que estamos bien, pero podríamos estar mejor. Tenemos unos profesionales extraordinarios, muy formados y con experiencia, pero las mafias tratan de ocultar sus actividades y serían necesarios más medios para llegar a esa zona oscura, como una policía judicial adscrita la Fiscalía para dar una respuesta inmediata al delito.
-Los jueces han hecho una batalla del 'parking' de la Ciudad de la Justicia. Usted, al principio, se sumó al decreto, luego anulado por el Poder Judicial, en el que se adjudicaron el aparcamiento. El ciudadano tiene la impresión de que es lo único que les importa cuando la Justicia tiene tantos problemas.
-Sí, es verdad de que puede dar esa impresión. Yo siempre he defendido que haya acuerdo y diálogo entre los colectivos para que haya un reparto proporcional de las plazas. Pero el diálogo se cortó. Lo que no tiene sentido es que en un edificio tan moderno no se haya previsto suficiente aparcamiento.
-Se le etiqueta de fiscal progresista y parece no molestarle en absoluto, sino más bien todo lo contrario. ¿Tiene ese talante un reflejo en el trabajo diario?
(Risas). Claro que sí, sobre todo en la atención a los ciudadanos, ante los que no nos mostramos ostentando poder sino como un servicio público. También existe un plus de sensibilidad hacia ciertos temas, como la violencia de género y la lucha contra la corrupción.

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