Los vecinos de Banana Beach denunciarán por prevaricación a los ediles y estudian querellarse contra el consejero si da el visto bueno al Plan.
Las primeras medidas legales que emprenderán los vecinos del complejo residencial Banana Beach irán dirigidas a los concejales del Ayuntamiento de Marbella que aprobaron de manera provisional el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La comunidad de propietarios del edificio, que queda fuera del proceso de compensación contemplado en el documento para regularizar viviendas ilegales, anunció ayer que presentará una querella por prevaricación contra los ediles que votaron en pleno a favor del nuevo planeamiento.
Los vecinos estudian además denunciar por el mismo delito al consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, en el caso de que apruebe de forma definitiva el PGOU. Los propietarios, que adoptaron esta decisión en una junta general extraordinaria, mantienen que no les queda más alternativa que acudir a los tribunales dado que si el texto urbanístico no recoge la normalización de sus viviendas, «tampoco puede incluir otras edificaciones de la localidad que se encuentran en las mismas circunstancias». En este sentido, aseguran que quienes respaldaron con sus votos el Plan -los concejales del equipo de Gobierno del PP y la mayor parte de los ediles del PSOE- «incurren en ilicitud».
Impugnación
La comunidad ya anunció su intención de impugnar el PGOU en virtud de un informe encargado por los vecinos y elaborado por un equipo de especialistas dirigido por el presidente de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas (Aetu) que establecía la «discriminación sufrida» por Banana Beach respecto a otras edificaciones ilegales que sí serán aprobadas en el nuevo planeamiento. Los propietarios han solicitado además que se les permita intervenir ante la Comisión de Ordenación del Territorio y urbanismo de Andalucía (Cotua), órgano consultivo que se reunirá este viernes para estudiar si el futuro Plan cumple la legalidad.
Por su parte, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, indicó que cualquier vecino que no comparta los criterios del equipo redactor, del Ayuntamiento o de la Junta «está en su pleno derecho de actuar legalmente», aunque recordó que en el caso de Banana Beach «se ha hecho un gran esfuerzo para intentar dar una solución» a sus propietarios.
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