La aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella (PGOU), que previsiblemente tendrá lugar el próximo viernes en la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (COTUA) en Sevilla, se topa con una amenaza en ciernes. Los vecinos del complejo Banana Beach anunciaron su intención de querellarse en los tribunales contra los concejales que aprobaron el PGOU el pasado 29 de julio, al entender que han podido incurrir en un presunto delito de prevaricación.
De ello informó ayer el portavoz de los vecinos, Sebastián García. En junta general extraordinaria de la comunidad de propietarios celebrada con carácter de urgencia los vecinos tomaron esta decisión, al considerar que "si el PGOU no incluye nuestras viviendas por no ser legalizables, tampoco puede incluir otras edificaciones de la localidad que se encuentran en las mismas circunstancias, y por lo tanto, quienes lo votaron incurren en ilicitud".
Pero no se quedarán exclusivamente en los 24 concejales que dieron su voto a favor (los 16 del PP y ocho del PSOE), sino que incluirán en su demanda al consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, "si como responsable último" aprueba el nuevo planeamiento. Los propietarios ya mostraron el pasado viernes su voluntad de impugnar el planeamiento, basándose en esta "ilegalidad generalizada", detectada en un informe de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas (AETU).
La impugnación también se basa en un defecto de forma, al no abrirse un plazo de exposición pública tras las modificaciones sustanciales realizadas por el Consistorio. Los 300 vecinos afectados entienden que no les queda más alternativa que acudir a los tribunales, ya que tanto el Gobierno autonómico como el Ayuntamiento no han propuesto soluciones para el complejo urbanístico desde 2005.
Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz, quiso expresar que "cualquier vecino de Marbella que no comparta el criterio del equipo redactor, del Ayuntamiento o de la Junta está en su derecho de interponer acciones legales".
De ello informó ayer el portavoz de los vecinos, Sebastián García. En junta general extraordinaria de la comunidad de propietarios celebrada con carácter de urgencia los vecinos tomaron esta decisión, al considerar que "si el PGOU no incluye nuestras viviendas por no ser legalizables, tampoco puede incluir otras edificaciones de la localidad que se encuentran en las mismas circunstancias, y por lo tanto, quienes lo votaron incurren en ilicitud".
Pero no se quedarán exclusivamente en los 24 concejales que dieron su voto a favor (los 16 del PP y ocho del PSOE), sino que incluirán en su demanda al consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, "si como responsable último" aprueba el nuevo planeamiento. Los propietarios ya mostraron el pasado viernes su voluntad de impugnar el planeamiento, basándose en esta "ilegalidad generalizada", detectada en un informe de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas (AETU).
La impugnación también se basa en un defecto de forma, al no abrirse un plazo de exposición pública tras las modificaciones sustanciales realizadas por el Consistorio. Los 300 vecinos afectados entienden que no les queda más alternativa que acudir a los tribunales, ya que tanto el Gobierno autonómico como el Ayuntamiento no han propuesto soluciones para el complejo urbanístico desde 2005.
Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz, quiso expresar que "cualquier vecino de Marbella que no comparta el criterio del equipo redactor, del Ayuntamiento o de la Junta está en su derecho de interponer acciones legales".
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