domingo, 14 de febrero de 2010

26 alcaldes y ex regidores tienen casos urbanísticos pendientes con la Justicia. (LAOPINION)

Diecisiete de los ex gobernantes imputados o ya acusados pertenecen al PSOE, tres al PP y otros tantos a IU. Sólo hay tres independientes. Cinco de estos ex jefes de gobierno locales son investigados por corrupción


JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA Los noventa y los primeros años de este siglo formaron parte del ‘boom’ inmobiliario en la provincia: las grandes promociones proliferaban en todos los rincones de Málaga, desde la Costa del Sol Occidental hasta el otrora santuario de la Axarquía. Pero los excesos del ladrillo los están pagando muy caro aquellos que se encargaron de hacer respetar la ley en sus respectivos municipios. Hoy en día, hay 26 ex alcaldes y regidores aún en activo denunciados, imputados, procesados o acusados por delitos urbanísticos. Para cinco de ellos, el futuro es más incierto porque se enfrentan a cargos relacionados con la corrupción (cohecho o blanqueo de capitales).
De estos jefes de gobierno municipales, de cuyo número se excluyen los primeros ediles ya condenados aunque sea en primera instancia, diecisiete pertenecen al PSOE, tres al PP y otros tantos a IU. Uno de ellos formó parte del GIL; otro está ligado al andalucismo (CA) –Tolox– y un tercero gobernó en Manilva con el PDEM. Trece continúan en el poder.
Evidentemente, el caso más grave es el de la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe, procesada ya en la célebre operación ‘Malaya’ por corrupción urbanística. Compartirá en breve el banquillo de los acusados con 102 personas más, Juan Antonio Roca entre ellos.
También está inmerso en una causa de corrupción Juan Martín Serón (PP), actual alcalde de Alhaurín. Ya está a la espera de juicio, aunque la Fiscalía aún no ha acusado. Dentro del ‘caso Troya’ han sido encausadas 24 personas, y él está imputado por cohecho, prevaricación y blanqueo.
El ex alcalde socialista de Estepona, Antonio Barrientos, también está inmerso en otra trama de corrupción urbanística (‘Astapa’), entendiendo como tal la existencia generalizada de sobornos abonados por constructores para lograr licencias de obra que les permitan edificar en suelos no urbanizables u otro tipo de beneficios urbanísticos tales como aumentos de edificabilidad o elaboración de convenios. En este caso han sido ya imputadas 63 personas entre concejales, ex ediles, constructores, abogados y empresarios.
Evidentemente, también tiene que existir la figura del blanqueo, en el sentido de dar salida al circuito legal a las ganancias ilícitamente obtenidas. El Consistorio exigía donaciones a los promotores que querían construir en Estepona a cambio de mejorar los parámetros de edificabilidad o de otras contrapartidas.
La operación ‘Arcos’, desarrollada en Alcaucín, también se enmarca dentro de la corrupción. Su ex alcalde José Manuel Martín Alba fue detenido en febrero de 2009 y pasó seis meses entre rejas: sobornos y blanqueo están presentes en este proceso que, aunque más modesto, sigue los cánones marcados por sus hermanos mayores: ‘Astapa’, ‘Malaya’ o ‘Troya’.
Pedro Tirado (PDEM) fue alcalde de Manilva y su detención se produjo en 2005 en el seno de la operación ‘Ballena Blanca’ contra el blanqueo de capitales. La Fiscalía Anticorrupción solicita para él dos años de prisión, siete de inhabilitación para cargo público y multa de tres millones de euros por un delito de cohecho, en el caso sobre la finca ‘La Parrada’.
Recientemente, fue imputado por varios delitos urbanísticos –no existe corrupción– el alcalde de Almogía, Cristóbal Torreblanca (PSOE). La Guardia Civil investiga si se dejaron caducar algunos expedientes sancionadores, de forma que se legalizaron de facto las edificaciones irregulares, entre otros asuntos.
En la Axarquía también se ha extendido el fenómeno: el ex alcalde La Viñuela, Juan Millán (PSOE), se enfrenta a cinco denuncias por parte de la Fiscalía por haber incurrido supuestamente en otros tantos delitos contra la ordenación del territorio tras la concesión de varias licencias para viviendas unifamiliares. Su colega de Canillas de Albaida, Antonio Gregorio Díaz (PP), está acusado de un delito urbanístico tras haber concedido una licencia para una vivienda en suelo no urbanizable. El fiscal, por otro lado, pide cinco años de cárcel para el regidor de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda (PSOE), por prevaricación.
En Cártama, el actual alcalde, José Garrido (PSOE), está imputado por una presunta prevaricación omisiva al haber dejado caducar un expediente sancionador; y su antecesora en el cargo, Leonor García Agua (PP), aguarda una sentencia por firmar dos decretos de segregación de fincas en sendas parcelas en las que, según la LOUA, estaba prohibido.
El alcalde de Ronda, Antonio Marín Lara, arrastra dos imputaciones: una por permitir la edificación de una nave agrícola en suelo no urbanizable y otra por el macroproyecto de Los Merinos.

Información elaborada por Noelia Andrade, Fran Extremera, Ana García, Blas Gil, Juanjo Zayas, Princesa Sánchez y Lola Sánchez

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