Paralizan la constitución de las entidades urbanísticas. Vélez-Málaga (La Opinión)

Asociaciones vecinales protestaron por esta medida, estimando un pago de más de 300 euros anuales por residente

Cambio. Sara Sánchez, Salvador Marín y Javier Checa. J. Z.

JUANJO ZAYAS. VÉLEZ MÁLAGA. El Ayuntamiento de Vélez Málaga ha decidido aparcar la intención de cobrar por el mantenimiento de mobiliario y zonas verdes a los vecinos del municipio. Así lo señalaron representantes del gobierno tripartito local, Salvador Marín (IU), Sara Sánchez (PSOE) y Javier Checa (GIPMTM), que llevarán este asunto a pleno.

El Consistorio paralizará la aplicación de la constitución de entidades urbanísticas de conservación, en las que se incluyen las zonas de expansión urbanística de la localidad. Esta nueva postura, según el concejal de Urbanismo, Salvador Marín, "es el resultado del contacto directo con la ciudadanía y la percepción de las dificultades que entraña la puesta en vigor de esta norma", por lo que desde la administración local "se va a estudiar el asunto y por ello se va a paralizar".

La aprobación de los criterios de dicha ordenanza se llevó a cabo en el pleno ordinario de abril del pasado año, por el cual se incluyen dentro de esta figura "las dotaciones locales, zonas verdes del sector, conservación del mobiliario urbano y del alumbrado público y la conservación de la urbanización, exceptuando aquellas actuaciones encomendadas a la administración actuante", según reza el dictamen.

Estas entidades se encuentra enmarcadas en la legalidad vigente del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 1996. La portavoz del PSOE, Sara Sánchez, apuntó que "no se hará nada sin una consulta exhaustiva a los vecinos que se vean implicados" y resaltó que "se revisarán las grandes diferencias que existen entre distintas urbanizaciones, así como algunos criterios recogidos en el PGOU". Checa también hizo hincapié "en la necesidad de estudiar las características especiales de cada zona".

Las asociaciones de vecinos de Los Olivos y Velis protestaron ante las cartas que estaban recibiendo vecinos de varios barrios del municipio informándoles de dicha ordenanza. Los representantes de ambos colectivos cifraron entre 300 y 500 euros anuales la aportación económica que debían realizar los vecinos para el mantenimiento de las calles así como la arbitrariedad en la determinación de las zonas que deben ser incluidas bajo esta figura.