lunes, 17 de mayo de 2010

Seis meses de prisión para un vecino de Cártama por construir en suelo protegido (SUR)

El juzgado le impone una multa de 2.160 euros y le obliga a demoler la edificación y correr con todos los gastos que esto conlleve
17.05.2010 -
E. PRESS
MÁLAGA.

Construir fuera de la ley en un suelo especialmente preservado de la actividad inmobiliaria se paga. El Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga ha condenado a un hombre a seis meses de prisión por construir en una parcela del municipio de Cártama cuyo suelo está calificado como no urbanizable de especial protección «sin haber solicitado licencia de obras». No obstante, se le absuelve de un delito de desobediencia. Además de la pena de prisión, el juzgado impone al acusado el pago de una multa de 12 meses con una cuota diaria de seis euros, lo que suponen 2.160 euros; e insta a que se proceda a la demolición de la edificación a costa del acusado, según se precisa en la sentencia.
Según se declara probado, en la primera mitad de 2007, el acusado realizó en dicha parcela «diversas actividades de construcción sin haber pedido la correspondiente licencia municipal de obras», lo que motivó que se le abriera un expediente administrativo en el que se acordó, en mayo del mismo año, el precinto de las actuaciones.
Un mes más tarde, funcionarios municipales hicieron una inspección en la zona y comprobaron que «los precintos puestos habían sido retirados y se continuaron las obras», ejecutándose, en concreto, en ese tiempo dos construcciones, una losa de cimentación de 80 metros cuadrados, una piscina, el vallado perimetral y el camino de acceso.
La magistrada absuelve al acusado de un delito de desobediencia, al considerar que aunque la obra continuó tras ser paralizada y precintada, no se volvió a practicar el requerimiento con la advertencia expresa de incurrir en este delito, por lo que no se dan los requisitos.
Por contra, sí condena al hombre por un delito contra la ordenación del territorio, tras considerar que no cabe apreciar la prescripción que alegó la defensa. El acusado reconoció haber realizado la obra «sin haber solicitado la licencia municipal», aunque argumentó que «en Bilbao, de donde procede, no era necesario».
En la sentencia se señala que «si hubiera querido cumplir con la normativa urbanística lo hubiera hecho», al precisar que la Policía Local «le advirtió de la ilegalidad de las obras que estaban en fase de construcción». Sobre el hecho de que sólo ha colocado una casa prefabricada, se precisa que «no tiene especial incidencia en el caso que ocupa, pues dicha casa ha de reputarse a todos los efectos construcción», indicando que «la demolición será más fácil».

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