Las dos administraciones asumirán al 50% las expropiaciones para los parques fluviales del Guadalhorce y Campanillas Junta y Ayuntamiento alcanzan un consenso general para aprobar el documento este año
09.07.2010 -
El alcalde, Francisco de la Torre, y la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar, en el encuentro que mantuvieron ayer por la tarde en Sevilla. :: SUR
A tenor del encontronazo de la semana pasada entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, en la reunión para abordar las últimas negociaciones sobre el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de la que fueron desalojados los técnicos municipales, se hacía difícil presagiar que justo siete días más tarde iba a producirse todo lo contrario, es decir, el acuerdo entre ambas administraciones para desbloquear la tramitación del documento urbanístico que planifica el desarrollo de la Málaga de los próximos 15 años y que ya acumula cinco desde que empezó a tramitarse. Sin embargo, así fue, y ayer hubo final feliz de las conversaciones mantenidas en los últimos días, incluso con foto de por medio en la que el alcalde, Francisco de la Torre, y la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar, aparecen con un gesto sonriente y relajado.
Todo está por lo tanto a punto para que el PGOU pueda recibir una nueva aprobación provisional por parte del Ayuntamiento en este mes para que, si no hay demoras burocráticas, pueda recibir el visto bueno definitivo de la Junta a finales de este año. Según pudo conocer este periódico de fuentes consultadas, sus responsables están dispuestos a tramitarlo con la mayor rapidez posible dentro de los plazos legales establecidos para el desarrollo de su recta final. Pero, en cualquier caso, sin agotarlos para la ciudad pueda disponer, lo antes que sea posible, de un proyecto urbanístico que, si bien se verá condicionado para su puesta en práctica por los rigores de la crisis económica, vendrá a aportar seguridad jurídica y expectativas de desarrollo para cuando se superen las actuales condiciones financieras del país.
Al final, como adelantó este periódico la semana pasada (ver SUR 1/7/2010), la clave de las últimas negociaciones ha estado en la propuesta lanzada por el alcalde, Francisco de la Torre, para que la ciudad no tuviera que asumir al completo la obtención del suelo para los parques metropolitanos planteados por el Gobierno andaluz en la parcela de Arraijanal, junto a Guadalmar, y en las riberas de los ríos Guadalhorce y Campanillas. El Ayuntamiento solicitó que los suelos para el parque del Guadalhorce y parte del dibujado junto al cauce del Campanillas fueran expropiados por la Junta, de tal forma que la ciudad quedaba compensada por la operación urbanística para entregarle Arraijanal a la Consejería de Obras Públicas, donde ha diseñado un parque marítimo.
La iniciativa molestó en Sevilla porque implicaba un último cambio a un documento que, según aseguraron fuentes de la consejería, había ya sido pactado en el resto de cuestiones. Tras la desafortunada reunión del pasado jueves, el martes de esta semana hubo otra en la que se retomó el diálogo -como adelantó este periódico- y ayer se celebró la decisiva, en la que ambas partes llegaron a un «consenso para la aprobación definitiva del PGOU de Málaga», según indicaron en el encabezamiento de un comunicado conjunto que remitieron por la tarde.
Las negociaciones han terminado con una rebaja de las últimas pretensiones del Ayuntamiento. Así, los suelos para el parque fluvial del Guadalhorce (287.577 metros cuadrados) y parte de los terrenos para el proyecto autonómico de encauzamiento del río Campanillas (el Consistorio había añadido 372.899 metros cuadrados a los 131.147 que tenía que comprar la Junta inicialmente) serán expropiados por la Gerencia Municipal de Urbanismo, como organismo competente para ello, pero el pago lo afrontarán al 50% las dos administraciones.
Este esfuerzo compartido en la obtención de los suelos para ambos parques es el que finalmente ha permitido apaciguar las discusiones y llegar al clima de consenso necesario para que el PGOU pueda obtener su luz verde definitiva. La cuestión no es baladí puesto que, según la actual normativa urbanística, los propietarios de esos suelos pueden exigir a las administraciones que les sean expropiados una vez que transcurran cuatro años desde la entrada en vigor del plan. De este modo, la ley hace que los dueños de un terreno que saben que va a ser expropiado puedan hacer valer sus derechos a obtener la compensación correspondiente sin una demora de demasiado prolongada en el tiempo.
Acuerdo sellado
Según el comunicado enviado ayer, estas condiciones van a quedar recogidas en el estudio económico-financiero del PGOU. Con ellas, se establece «una colaboración Junta-Ayuntamiento para mejorar la viabilidad técnica y económica del plan», expuso la nota. Aprovechando la presencia del alcalde en la tarde de ayer en Sevilla, se produjo el encuentro con Rosa Aguilar para «sellar» el acuerdo en la sede de la Consejería de Obras Públicas. Todo ello «ha de conducir a la aprobación definitiva del plan», recalcaron.
Al margen de ese acuerdo, en el documento se mantiene la operación que habían pactado previamente las dos instituciones para que la Junta pueda hacerse con los terrenos de Arraijanal a coste cero. Para ello, sus dueños serán compensados con derechos edificatorios en otros puntos de la ciudad y tendrán preferencia a la hora de escoger el lugar para materializar esos derechos, según puntualizaron fuentes municipales.
Para que ello sea posible, la Junta también ha tenido que permitir un incremento de la densidad de viviendas en determinados sectores de Campanillas y Puerto de la Torre, así como la no anulación de operaciones como la nueva fachada empresarial del polígono Guadalhorce hacia el aeropuerto. No obstante, la consejería dejó claro al Ayuntamiento que, o entraba la obtención de Arraijanal en el PGOU, o el plan no se aprobaba.
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