El equipo de gobierno llevará a pleno una moción para ratificar su compromiso de que la carga de la regularización la asuma el promotor
08.07.2010 -
CRISTINA GONZÁLEZ
MARBELLA.
La fórmula para ejecutar las compensaciones para las 16.500 viviendas ilegales que dejó la 'era Gil' en la ciudad y que acaban de regularizarse en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella sigue dando que hablar. Y sobre todo quién debe hacerse cargo del pago de esas cargas. Algunos vecinos, tras las distintas reuniones que el equipo de gobierno está manteniendo con comunidades de propietarios, están con la mosca tras la oreja. Temen tener que asumir el coste para que los inmuebles queden definitivamente 'limpios' en el registro de la propiedad, especialmente en los casos en que los promotores se han esfumado.
El equipo de gobierno del PP, para que no queden dudas sobre el compromiso de que los llamados terceros de buena fe quedarán eximidos del pago de las compensaciones, ha anunciado que llevará al próximo pleno una moción en la que se exige a los promotores que hagan frente a las cargas urbanísticas y para la que espera contar con el apoyo de los grupos de la oposición, PSOE e IU.
El concejal delegado de Urbanismo, Pablo Moro, quiso así lanzar un mensaje de tranquilidad a los vecinos y reiteró que en ningún caso se les reclamará que tengan que costear las compensaciones que marca el Plan General para las viviendas en proceso de regularización. No es un camino fácil. Recordó que los promotores y constructores de promociones irregulares tienen hasta mayo del próximo año para poner a disposición del Ayuntamiento lo que marca el Plan de forma voluntaria. De hecho, ya se está negociando con una veintena.
Pasada esta tregua, el Ayuntamiento tomará las riendas y les obligará ya sea por la vía legal o de la expropiación. Pero, ¿y si se da el caso de que el promotor esté ya ilocalizable? «Probablemente tengan que ser las administraciones que han tenido responsabilidades en el proceso, que no sólo ha sido el Ayuntamiento, las que tengan que asumir esas cargas», avanzó como una posible tercera vía para que el PGOU no quede en papel mojado. Mientras, las comunidades de vecinos ya pueden ir solicitando las licencias de primera ocupación que se gestionarán de forma independiente y que al menos -aunque la carga pese sobre la vivienda también si se quiere vender- permitirán algo tan básico como poder contratar los servicios de luz y agua. Esperan otorgarlas todas en este año.
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