La Fiscalía ve ´innegociable´ la demolición de viviendas ilegales (La Opinión)

Asegura que el legislador persigue con dureza el urbanismo irregular porque la administración no ha sabido arreglar el problema

Imagen del derribo de una vivienda ilegal ubicada en Mijas. La Opinión

JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA La Fiscalía Provincial de Málaga no quiere darles ni agua a los propietarios de casas en suelo no urbanizable. Así, en una nota interna dirigida a todos los acusadores públicos que han de participar en juicios por delitos contra la ordenación del territorio, la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo del ministerio público asegura que «es importante dejar claro y como no negociable la demolición de la construcción».

Esta postura debe defenderse ante el acusado, su letrado y el magistrado, «en el sentido de que cuando el legislador decide criminalizar la conducta porque la administración no sabe, no puede o no quiere abordar y resolver el problema de la construcción ilegal, contempla la demolición como parte de responsabilidad civil».

Sería «ilógico y contrario al espíritu de la norma y del propio principio de proporcionalidad que la construcción no se consiga demoler». «En tal caso sería rentable al delincuente la criminalización, si así consigue su propósito de que la vivienda no se derribe a su costa», añade la Sección de Medio Ambiente en la nota.

Los supuestos de no demolición, por tanto, deben «ser excepcionales» y aplicables, únicamente, cuando la casa sea de algún modo legalizable a corto plazo. «El restablecimiento de la legalidad urbanística como bien jurídico protegido sólo se defiende y protege con la demolición», indica el ministerio público.

Además, hay que transmitir, señala la acusación, «que no se trata de ¡qué más da una vivienda más!». Realmente «el atentado al bien jurídico no es visual o estético, sino que la protección tiene un alcance mucho mayor en cuanto que daña y contamina el entorno rústico, su hábitat, flora y fauna, pues se perjudica con el tendido eléctrico, las tuberías de agua, los pozos ciegos que contaminan las aguas subterráneas, los viales que provocan atropellos de fauna, etcétera..., la demolición forma parte de la restitución y reparación del daño causado», subraya en su escrito el área de Medio Ambiente.

En el mismo sentido, «no procede la suspensión de la ejecución hasta tanto no se repare o restituya la responsabilidad civil, como cualquier otro delito, que nos envía a la necesidad de demolición».
Por último, la sección hace un llamamiento a los fiscales para que se coordinen, antes del juicio, con el titular del área, Juan Calvo-Rubio Burgos, así como para que se le notifiquen las sentencias dentro del plazo para recurrir.
Los juzgados de la provincia abrieron el pasado año 257 causas por delitos contra la ordenación del territorio, la mayor parte en la capital (175), aunque el interior (65) y la costa (35) no se quedan atrás.