Justo una semana después del acuerdo entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para desbloquear la entrada en vigor del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga, prevista para el próximo mes de agosto, se ha conocido que el alcalde, Francisco de la Torre, ordenó hace un mes emprender una batalla en los tribunales contra el único aspecto que el Gobierno andaluz ha rechazado del último documento del plan que aprobó el Consistorio: la calificación como suelo urbano de las casas situadas en zona de dominio público marítimo-terrestre en las playas de El Palo y Pedregalejo.
Esta cuestión ya fue rebatida por De la Torre a la Junta en un recurso de reposición contra la orden de la Consejería de Obras Públicas por la que se aprobó el plan el pasado 21 de enero. Sin embargo, el citado recurso fue rechazado por la administración regional, lo que ha dado pie a que el caso termine en una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El equipo de gobierno local defiende que, al margen de los procesos que se lleven a cabo para legalizar las viviendas situadas en primera línea de playa en El Palo y Pedregalejo, las casas pueden considerarse en suelo urbano, ya que así lo avala un informe de la Secretaría General del Ayuntamiento. La Junta, en cambio, no lo ve así, por lo que ha rechazado hasta el momento la demanda.
Se trata de una cuestión de forma ya que, según lo anunciado por el PSOE, Costas está dispuesta a iniciar los trámites para regularizar la situación de las casas en las playas del este de la ciudad.
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