El 50% de los proyectos se han integrado en el convenio marco creado por el Consistorio para aliviar a las comunidades de propietarios la carga económica de las obras
Las urbanizaciones se adhieren al convenio marco del Ayuntamiento para restaurar sus instalaciones con un ahorro importante en los costes de actuación. :: JOSELE-LANZA
Cuando adquirieron su vivienda sobre plano, confiaban en que la promotora cumpliría con sus obligaciones. Con todas, no solo la concerniente a levantar la edificación. Sin embargo, el caos urbanístico impulsado en Marbella durante la 'era GIL' dio carta blanca a los empresarios del ladrillo para construir y vender a un ritmo desmesurado sin necesidad de asumir otros compromisos. No hubo reparos en otorgar decenas de licencias ilegales, pero además los gobiernos municipales se mostraron permisivos a la hora de demandar a los promotores una correcta finalización de las obras.
De esta forma, los compradores vieron como en el camino que iba de la venta a la entrega de los inmuebles se perdieron muchos de los detalles que figuraban sobre el plano. No solo cuestiones estéticas y ornamentales. Desaparecieron o quedaron sin terminar viales y áreas de aparcamientos, aceras y jardines. Hasta piscinas. En multitud de ocasiones, los elementos regateados por los constructores afectaban incluso a servicios e infraestructuras básicas en materia de abastecimiento de agua o saneamiento. Una vez culminadas las operaciones de compraventa, la reparación de estas deficiencias quedó en manos de los dueños de las viviendas, obligados a realizar una importante inversión económica para corregir algunas de las faltas heredadas de una actuación negligente.
Las comunidades de propietarios, sin embargo, han encontrado una vía para aliviar la carga financiera que conlleva la adecuación de sus urbanizaciones. El Ayuntamiento de Marbella ofrece desde hace tres años y medio a los vecinos la posibilidad de ahorrar un alto porcentaje del coste de estas actuaciones, en virtud de un convenio marco de colaboración entre la Administración local y el sector privado. A la iniciativa no le han faltado novios. Cerca de un centenar de urbanizaciones, una cuarta parte de las 400 existentes en el municipio, ha emprendido el proceso para acometer la mejora o recuperación de servicios a través del acuerdo, por el cual las comunidades de propietarios están exentas de costear la redacción del proyecto, que es elaborado por los técnicos municipales, así como la licencia de obras.
Hasta el momento, más de 40 de las urbanizaciones que han iniciado el procedimiento se han adherido ya al convenio marco. Varias se encuentran pendientes de tramitación, mientras que en algunos casos, según fuentes municipales, no ha sido posible aprobar las actuaciones debido a la situación urbanística del sector en el que se demandaban los trabajos o por no cumplir uno de los principales requisitos de la iniciativa, que las obras a ejecutar sean de interés general. Las intervenciones más requeridas se corresponden con labores en materia de saneamiento y asfaltado. Ambas superan ya la decena de solicitudes, según datos de la Delegación de Obras.
Los trabajos de electricidad, telefonía, jardinería y en la red de agua, así como para reparar o dotar a la urbanización de un nuevo acerado, ocupan un lugar preferente entre las actuaciones ya acometidas o solicitadas. También se incluyen en los convenios suscritos con los núcleos residenciales las obras en la red de gas, la construcción o arreglo de viales, aparcamientos y la instalación de puntos limpios e islas ecológicas.
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