La finca de Benahavís consta de 7.200 hectáreas, donde se quería construir un gran complejo
LA OPINIÓN. PARÍS/MÁLAGA. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer que España ya ha puesto a disposición del Consejo Nacional de Transición, al que reconoce como «el legítimo representante» de Libia, una partida de 16 millones de euros para contribuir a apoyar las necesidades humanitarias sobre el terreno y se dispone a enviar un cargamento de 18 toneladas de medicamentos.
Fuentes del Ejecutivo aclararon que los 16 millones de euros constituyen un anticipo «a cuenta», que se restará de la cantidad final que el Gobierno devolverá al Consejo Nacional de Transición una vez que la ONU autorice descongelar los activos bajo jurisdicción española.Una vez que el Comité de Sanciones de la ONU lo autorice también, España se dispondrá a descongelar activos como la finca que tiene Gadafi en Benahavís (Málaga), cuyo valor catastral asciende a unos 45 millones de euros y es propiedad del Estado libio, las cuentas que otro hijo del dictador tenía en España, por valor de algo menos de medio millón de euros, los pagos por los intereses que están bloqueados de la deuda española bajo control del régimen –que asciende a 800 millones de euros–, así como parte de los activos del Aresbank, propiedad del Estado libio y con un valor de negocio de 300 millones, incluido depósitos de particulares que no se devolverán.
El Ejecutivo confirma que los activos que deben empresas como Repsol también permanecen bloqueados por el momento y no pudieron avanzar una cifra estimativa de los fondos libios que congelados en España, según fuentes de Moncloa. El Gobierno da por hecho que la petrolera española mantendrá su negocio en la próxima fase en Libia porque ya tiene «relaciones establecidas» en el país.
Finca en Benahavís
El pasado 2 de marzo, el Gobierno español decidió bloquear los planes urbanísticos del coronel que gobierna el país africano desde 1969. Aunque no consta como dueño, existe una finca de 7.200 hectáreas en la provincia que es propiedad del Estado libio. Está a nombre del Libyan Foreign Bank o Banco Exterior Libio. Su superficie se extiende sobre cinco municipios malagueños: Benahavís, Estepona, Igualeja, Júzcar y Pujerra.
La mayor parte de la parcela se ubica en Benahavís, donde se contabilizan unas 3.500 hectáreas, según calculó para este diario el alcalde de la localidad, José Antonio Mena.
El representante español de esta entidad bancaria solicitó su urbanización en 2007 pese a que la titularidad del suelo databa de veinte años atrás y nunca había promovido su desarrollo, según explicó el regidor.
El proyecto, o plan parcial en este caso, incluía la construcción de un hotel, un campo de golf y un total de 1.915 viviendas en los apenas 480 hectáreas urbanizables con los que contaba la extensión benahavileña. El Ayuntamiento denegó su permiso. El planeamiento vigente en el municipio, aprobado en 1993, permite construir en esta parcela. En concreto, estas cerca de 500 hectáreas de extensión están consideradas como urbanizables sectorizadas. Esta calificación le da potestad al Consistorio para autorizar su desarrollo.
La propiedad del Estado libio está cuidadosamente protegida por una alambrada de 60 kilómetros de longitud que la rodea. No en vano, la parcela se extiende sobre un total de 7.200 hectáreas.
En la puerta de entrada a La Resiner´, como se denomina la finca, dos carteles indican, de un lado, que se trata de una propiedad privada y, de otro, que existe un delimitado coto de caza.
Cumbre de París
Se espera que la comunidad internacional llegue en la cumbre de París a «una posición común» a favor de acelerar la descongelación de fondos del anterior régimen congelados para que los rebeldes empiecen a disponer de fondos para atender las necesidades urgentes del país, sobre todo después de que países como Estados Unidos, Reino Unido, Italia o Francia ya hayan recibido autorización de la ONU para descongelar partidas importantes de dinero.
La Unión Europea por su parte también ha acordado levantar las sanciones contra 28 empresas y entidades libias, incluidas las seis autoridades portuarias sancionadas el jueves. Se espera que la decisión sea publicada el viernes.
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