El pleno aprobará pasado mañana un trámite que permitirá hacer uso de los 12 millones ingresados por las torres de Repsol
Recreación virtual de las torres de pisos y el parque previstos en el PGOU para los suelos que ocuparon los depósitos de Repsol. :: SUR
Con el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) en vigor desde el pasado día 31 de agosto, el Ayuntamiento se ha puesto las pilas para despejar cuanto antes las dudas que surgieron sobre el uso del dinero ingresado y por ingresar a cuenta de los convenios asociados al plan. Un paso clave para disolver estos interrogantes, que ya fueron adelantados por este periódico ( SUR 31/8/2011), se dará en un pleno extraordinario programado para pasado mañana viernes en el que también se ratificarán los últimos cambios en el proyecto del muelle de la Farola. En esta sesión se aprobará también una documentación que faltaba al proyecto de las torres de Repsol, asociado a un convenio de 82,3 millones de euros del que ya se han ingresado 12 millones.
El visto bueno a esa documentación, que consiste en un estudio acústico, permitirá al equipo de gobierno municipal solicitar a la Consejería de Obras Públicas que levante la suspensión que pesa sobre este proyecto desde el pasado mes de enero por carecer del citado estudio. Con ello, se liberarían los 12 millones ya ingresados y los que puedan recabarse en los próximos meses. Poder disponer de este dinero no es una cuestión baladí, ya que de ello depende la financiación de las obras de la primera fase del bulevar sobre el soterramiento del AVE, cuyo inicio está previsto para este próximo invierno, entre otras inversiones de menor calado para la ciudad.
Del convenio de Repsol quedan por ingresar 70,3 millones de euros de los que 18 tendrían que percibirse en este mes de septiembre y los 52,3 restantes antes de diciembre. No obstante, no está claro que esto sea así porque tanto los promotores de esta actuación como los de las otras cuatro asociadas a convenios han hecho ver a los responsables municipales las dificultades que ello les supone en un momento de crisis como el actual. En ese sentido, el equipo de gobierno está dispuesto a estudiar aplazamientos de los pagos pendientes, que suman 126 millones, pero no una reducción de las cantidades, que incluso tendrían que incrementarse con intereses de acordarse un nuevo calendario.
Si la Consejería de Obras Públicas da por bueno el estudio acústico realizado por los promotores de las torres que irán en los terrenos que ocuparon los depósitos de Repsol, junto a la avenida de Juan XXIII, y levanta la suspensión que dictó en enero para este ámbito -entre otros sectores reflejados en el PGOU que también están suspendidos por ahora- no habría problema alguno en hacer uso del dinero ingresado.
Como tampoco lo habrá finalmente para los 11,6 millones recabados del convenio asociado a la construcción de dos altas torres de pisos en Martiricos, junto a otros edificios. Según pudo conocer este periódico, las consultas jurídicas efectuadas por el equipo de gobierno en los últimos días para saber si podía disponer o no de este dinero ya depositado han sido satisfactorias para sus pretensiones. De este acuerdo de Martiricos queda por ingresar otra cantidad igual, ya que su importe total asciende a 23,2 millones de euros.
Destino limitado por la ley
De este modo, una vez que la Junta levante la suspensión sobre el proyecto de las torres de Repsol, podrán gastarse tanto los 12 millones ya recibidos por este sector como los 11,6 del convenio de Martiricos. Igualmente, según pudo saber SUR, también sería posible dar uso a los 1,3 ingresados por el convenio para construir viviendas en la parcela de lo que fue Málaga-Wagen.
No obstante, el destino de todas estas cantidades está limitado por la legislación urbanística del Gobierno andaluz. Así, de los casi 25 millones de euros que suman solo el 49% cómo máximo podrá destinarse a financiar obras de mejora para la ciudad, como podría ser el bulevar y otros proyectos de similares características, y el 51% restante, es decir, la mayor parte del dinero, debe dedicarse a la construcción y promoción de viviendas de protección oficial que ya están previstas por el Instituto Municipal de la Vivienda. De este modo, solo 12 millones podrán, de momento, soportar inversiones.
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