El Consistorio pedirá financiación a otras administraciones para impedir el impacto del hotel de lujo y de las 22 viviendas previstas
Flores, Fernández, miembros de la familia Sánchez Robles y Harillo, de izquierda a derecha. :: PLT
Preservar el patrimonio natural. Esa es la intención del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ronda, compuesto por ediles populares y andalucistas. Y es que la alcaldesa, María Paz Fernández (PP), y los concejales de Medio Ambiente y Obras y Urbanismo, Rafael Flores y Daniel Harillo, respectivamente, mantuvieron ayer una reunión con miembros de la familia Sánchez Robles, propietaria de los terrenos en las Cornisas del Tajo, para comprarles sus propiedades, concretamente 16 hectáreas en la zona conocida como Casa Rúa, que actualmente está catalogada como paraje no urbanizable de protección integral.
En estos terrenos, la familia tiene intención de construir un hotel de lujo y 22 casas en base a un antiguo proyecto que se presentó en 1980 en el Consistorio sujeto al anterior Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que el suelo estaba calificado como urbanizable.
Impacto visual
El proyecto ha contado siempre con la negativa de Izquierda Unida (IU) y la asociación Silvema Ecologistas en Acción en la Serranía de Ronda a los que se ha sumado la Plataforma en Defensa del Tajo. Argumentan que el proyecto tendría un gran impacto visual rompiendo la riqueza natural del paraje. Así, Fernández indicó que, en base a las inquietudes de estos colectivos, el equipo de gobierno ha abierto la posibilidad de adquirir los terrenos, una idea que ha sido ya trasladada a los propietarios, quienes, según Fernández, seguirán adelante con su proyecto hasta que no se formalice la oferta.
La regidora explicó que comprar los terrenos es una posibilidad difícil, ya que el coste «está muy por encima de la situación económica del Consistorio». No obstante, Fernández se mostró muy positiva y aseguró: «Estamos dispuestos a llamar a otras puertas como a la Junta, al Gobierno central e, incluso, a la Unión Europea» con el objetivo de conseguir la cantidad necesaria. La alcaldesa no quiso desvelar la cifra, aunque la posibilidad de compra ya fue planteada por el Consistorio en años anteriores fijándose entonces nueve millones de euros. «Hemos planteado esta posibilidad pero los propietarios están en su derecho de seguir hacia delante con su proyecto porque queremos conservar la zona como paisajística, alejada de construcciones», matizó para añadir que de llevarse a cabo «el impacto visual del proyecto no es el que los ciudadanos creen». Cabe recordar que la actuación inicial planteaba 121 viviendas en lugar de 22 y un hotel más pequeño.
Desde que se presentó, el proyecto contó con la negativa de las diferentes corporaciones por su impacto visual, rechazándose en pleno en 1988. La familia Sánchez Robles recurrió a la vía judicial hasta que en 2006 el Tribunal Supremo reconoció mediante sentencia como urbanizables las 16 hectáreas pudiéndose construir en ellas. En julio, la Corporación dio luz verde al nuevo proyecto.
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