La acusación particular, ejercida por el Partido Socialista, mantuvo su petición de más pena de prisión
Exediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) de Marbella se mostraron conformes con la acusación fiscal en un caso de concesión de una licencia urbanística de la localidad y reconocieron ayer los hechos por los que eran acusados, según informaron a Europa Press fuentes judiciales. La causa judicial, que le correspondió para su enjuiciamiento al Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga, se refiere a una licencia de obra otorgada en la comisión de gobierno del 8 de diciembre de 1999 en la zona Arroyo Guadalpín para la construcción de una urbanización, según señalaron distintas fuentes.
Según las fuentes, los exediles Julián Muñoz, Marisa Alcalá, Rafael González, Tomás Reñones, Alberto García Muñoz, José Luis Fernández Garrosa y José Luis Troyano se conformaron con las penas pedidas por el fiscal, un año de cárcel para los miembros de la primera legislatura del GIL y nueve meses para los de la segunda, según se fijó en el acuerdo con la Fiscalía.
No obstante, en esta causa, la acusación particular, en representación del PSOE, mantuvo su petición de pena superior a la del Ministerio Público, en concreto dos años prisión para los exconcejales de la primera legislatura y un año y 10 meses de cárcel para los otros ediles. Así, en la vistilla celebrada ayer en el Juzgado de lo Penal número 6, la acusación particular habló de alarma social en el municipio de Marbella y, según explicaron fuentes judiciales, alegó la existencia en los acusados en la causa de la agravante de reincidencia.
Según apuntaron a Europa Press fuentes de las defensas, esta acusación no dio una base legal que sustentaría dicha agravante, por lo que tanto la Fiscalía como los letrados de los acusados solicitaron que no se considere dicha circunstancia a la hora de dictar sentencia por no darse los requisitos legales.
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