Se trata de una zona verde en monte Sancha que pertenece al propietario de la inmobiliaria en cuestión
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La parcela en cuestión durante una tala de árboles. Carlos Criado
JAVIER GARCÍA RECIO El dueño de la inmobiliaria Aifos, Jesús Casado, compró en enero de 1999 una parcela en monte Sancha catalogada como zona verde por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Cinco años después, sin haber realizado ninguna intervención en dicho suelo, de algo más de 11.000 metros cuadrados, le reclama al Ayuntamiento la expropiación de dicha zona verde y tasa su valor en 21.320.171 euros, un 4.200 por ciento más.
Esto se debe a que esta parcela, al igual que otras que están en el entorno del Gibralfaro, figuraba en el PGOU de 1997 como suelo a obtener por el Ayuntamiento para sistema general. La ley señala que si esos suelos no son obtenidos por la administración en el plazo de cuatro años desde la aprobación del PGOU, sus propietarios podrán reclamar su expropiación «por ministerio de ley», es decir de forma forzosa y el Ayuntamiento está obligado a realizarla.
Por ello, en 2004, una vez cumplidos los cuatro años sin que el Ayuntamiento actuara, el propietario de la parcela pidió a la Gerencia de Urbanismo que se iniciara el expediente de expropiación forzosa de la finca y la tasó en los 21,3 millones antes referidos.
El Ayuntamiento entiende que tanto ésta como otras operaciones de otras fincas cercanas responden a un interés especulativo de sus propietarios, que compran a sabiendas de que el Ayuntamiento les va a expropiar y que valiéndose de la lentitud de la administración y de argucias legales intentan obtener importantes beneficios a costa del Ayuntamiento y el bolsillo ciudadano.
Ahora el Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha culminado el proceso de expropiación y ha fijado la hoja de apremio donde se establece el valor a pagar por el solar en 923.133 euros.
El precio fijado por el Ayuntamiento está muy lejos de los 21,3 millones que pide el propietario, pero también está lejos, aunque menos, de los 2.615.405 euros que ha fijado la Comisión Provincial de Expropiaciones un órgano independiente cuyos miembros son nombrados por la administración autónoma y que está encargado de determinar el justiprecio de las expropiaciones forzosas cuando hay litigio.
La Comisión de Valoración fija un precio superior al del Ayuntamiento al atender las alegaciones de la propiedad en cuanto a una actualización de los valores catastrales.
Parque Gibralfaro
El Ayuntamiento entiende que la valoración conforme a la ley es la que ha realizado el servicios de Expropiaciones, por lo que mañana jueves, en la reunión del consejo de administración de la Gerencia de Urbanismo, tiene previsto aprobar, por un lado, la hoja de apremio que fija en 923.133 euros el valor de la expropiación de dicha finca y, por otro, consignar el pago en la caja de depósitos de la delegación de Economía y Hacienda, como paso previo al acto de ocupación de la finca expropiada.
La intención del Ayuntamiento es la de integrar esta finca en el espacio natural del Monte Gibralfaro para el que se está tramitando un plan especial que permitirá su mantenimiento y conservación.
Además de esta parcela, existen otras cuatro en el mismo entorno en iguales circunstancias, es decir parcelas que sus propietarios han comprado para pedir posteriormente su expropiación al Ayuntamiento tasándola por un valor muy superior al que pagaron por su compra.
El Ayuntamiento les ha fijado a todas un precio de expropiación inferior, por lo que seguramente será la Justicia la que determine finalmente el precio a pagar.
Esto se debe a que esta parcela, al igual que otras que están en el entorno del Gibralfaro, figuraba en el PGOU de 1997 como suelo a obtener por el Ayuntamiento para sistema general. La ley señala que si esos suelos no son obtenidos por la administración en el plazo de cuatro años desde la aprobación del PGOU, sus propietarios podrán reclamar su expropiación «por ministerio de ley», es decir de forma forzosa y el Ayuntamiento está obligado a realizarla.
Por ello, en 2004, una vez cumplidos los cuatro años sin que el Ayuntamiento actuara, el propietario de la parcela pidió a la Gerencia de Urbanismo que se iniciara el expediente de expropiación forzosa de la finca y la tasó en los 21,3 millones antes referidos.
El Ayuntamiento entiende que tanto ésta como otras operaciones de otras fincas cercanas responden a un interés especulativo de sus propietarios, que compran a sabiendas de que el Ayuntamiento les va a expropiar y que valiéndose de la lentitud de la administración y de argucias legales intentan obtener importantes beneficios a costa del Ayuntamiento y el bolsillo ciudadano.
Ahora el Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha culminado el proceso de expropiación y ha fijado la hoja de apremio donde se establece el valor a pagar por el solar en 923.133 euros.
El precio fijado por el Ayuntamiento está muy lejos de los 21,3 millones que pide el propietario, pero también está lejos, aunque menos, de los 2.615.405 euros que ha fijado la Comisión Provincial de Expropiaciones un órgano independiente cuyos miembros son nombrados por la administración autónoma y que está encargado de determinar el justiprecio de las expropiaciones forzosas cuando hay litigio.
La Comisión de Valoración fija un precio superior al del Ayuntamiento al atender las alegaciones de la propiedad en cuanto a una actualización de los valores catastrales.
Parque Gibralfaro
El Ayuntamiento entiende que la valoración conforme a la ley es la que ha realizado el servicios de Expropiaciones, por lo que mañana jueves, en la reunión del consejo de administración de la Gerencia de Urbanismo, tiene previsto aprobar, por un lado, la hoja de apremio que fija en 923.133 euros el valor de la expropiación de dicha finca y, por otro, consignar el pago en la caja de depósitos de la delegación de Economía y Hacienda, como paso previo al acto de ocupación de la finca expropiada.
La intención del Ayuntamiento es la de integrar esta finca en el espacio natural del Monte Gibralfaro para el que se está tramitando un plan especial que permitirá su mantenimiento y conservación.
Además de esta parcela, existen otras cuatro en el mismo entorno en iguales circunstancias, es decir parcelas que sus propietarios han comprado para pedir posteriormente su expropiación al Ayuntamiento tasándola por un valor muy superior al que pagaron por su compra.
El Ayuntamiento les ha fijado a todas un precio de expropiación inferior, por lo que seguramente será la Justicia la que determine finalmente el precio a pagar.
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