Da por bueno el estudio de impacto ambiental que llevaba cuatro años caducado para no dilatar una proyecto que atrae a las grandes constructoras
Finalmente, la lógica se ha impuesto a la burocracia. La ampliación del puerto deportivo de Benalmádena ya tiene el camino completamente despejado para su ejecución. El único obstáculo que bloqueaba el proyecto, la caducidad de la declaración de impacto ambiental, se ha esfumado una vez que la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente ha optado por renovar durante tres años más la vigencia del informe aprobado en 2002, aceptando así la tesis del Ayuntamiento que, como impulsor de la iniciativa, defendía que en los últimos cuatro años desde que expiró su validez no se han producido variaciones significativas en el entorno ni en el proyecto que obliguen a redactar un nuevo informe, algo que dilataría considerablemente la puesta en marcha de una infraestructura a la que no le convienen más demoras ante el enorme interés que ha despertado entre las grandes constructoras del país y varios grupos empresariales extranjeros. En cualquier caso, la decisión por la que han venido trabajando tanto el anterior equipo de gobierno municipal como el actual llega seis meses después de que la propia Junta descartara exigir un nuevo estudio ambiental y se comprometiera a revisar el caducado. Al final, ni siquiera se ha tocado.
La consecuencia inmediata de superar el último de los trámites administrativos que quedaba pendiente es que la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) ya está en disposición de dar al Ayuntamiento la concesión de la superficie que se le ganará al mar, de forma que la administración local, que ya gestiona el recinto actual, pueda poner en marcha su maquinaria para elaborar el pliego de condiciones que le permita sacar a concurso las obras, cuyo coste se estima entre los 75 y los 80 millones de euros.
Una fuerte inversión que dará lugar al puerto deportivo más grande de Andalucía y a uno de los más importantes del litoral mediterránea. Aunque el proyecto inicial contemplaba la creación de 919 nuevos puntos de atraque que se sumarían a los 1.100 actuales, una modificación llevada a cabo por el anterior gobierno local (PP) rebajó el incremento a 700 para así poder dar cabida a cruceros de hasta 80 metros de eslora.
Áreas comerciales
Pero al margen del importante aumento de amarres y de una marina seca de 25.000 metros cuadrados, la gran apuesta para dinamizar la economía en el municipio pasa por los 44.000 metros cuadrados reservados para actividades complementarias que se distribuirán en dos nuevas áreas comerciales: una en la prolongación del dique de levante y otra en el extremo occidental que se extenderá desde la sede de Capitanía Marítima. En ambas zonas está previsto que se instalen establecimientos relacionados con el sector náutico, el ocio y la restauración, sin que tengan cabida viviendas, hoteles o discotecas.
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