La sesión de ayer del juicio por el 'caso Malaya' tendrá un impacto directo en una treintena de causas que actualmente están en los juzgados de instrucción de Marbella y que en su día surgieron como piezas separadas del macroproceso. El juez anunció este martes que estos procesos -principalmente relacionados con convenios urbanísticos- quedan paralizados de manera cautelar tras escuchar las quejas de las defensas de los imputados en 'Malaya'. Los abogados argumentaron que se estaba produciendo una duplicidad de las acusaciones, ya que consideran que las posibles irregularidades de estas operaciones urbanísticas se están juzgando en 'Malaya' y también en diferentes juzgados de Marbella como causas separadas.
Ante estas protestas, el presidente del Tribunal, José Godino, decidió acordar «para evitar duplicidad de actuaciones y resoluciones contradictorias, oficiar a los juzgados de instrucción de Marbella para que paralicen cautelarmente las actuaciones a resultas de la sentencia que recaiga en Malaya». Con esta decisión, el juez elude un nuevo intento de las defensas para suspender el juicio, que hablaron de «indefensión e inseguridad jurídica». El objetivo era parar el macroproceso -que lleva más de un año y 106 sesiones- argumentando un defecto de forma, una estrategia que ya intentaron en el arranque del juicio.
El origen del conflicto fue que en las últimas sesiones, el fiscal Anticorrupción había interrogado a Roca sobre determinados convenios urbanísticos que en 2010 se separaron de la causa principal, lo que dio lugar a las protestas incluso del propio acusado. Los abogados tomaron la palabra para pedir que estas causas separadas se incluyan en 'Malaya', lo que supondría parar el juicio para recabar la información de estos casos de los distintos juzgados de instrucción.
Disparidad de criterios
El fiscal Anticorrupción explicó que en 'Malaya' no se formula acusación sobre estos convenios, pero sí se trata de analizar si se produjeron pagos para facilitar dichos proyectos urbanísticos. Es decir, no se entra a valorar si los convenios urbanísticos son fraudulentos o si hubo malversación, sino si se produjeron sobornos (cohecho) relacionados con estos convenios. Aunque las acusaciones de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella sí formularon acusaciones por fraude y malversación en su día, ayer anunciaron que modificarían sus conclusiones para que no hubiera disparidad de criterios con Anticorrupción.
Pero estos argumentos no convencieron a las defensas, que fueron interviniendo en la sala para hablar de «inseguridad jurídica», de «necesidad de ejercer la defensa con rigor» e incluso apelaron a que «la única salida son las sentencias absolutorias».
«El fondo de la cuestión es que hay una duplicidad de las imputaciones. La Fiscalía Anticorrupción duplicó los mismos hechos de la operación 'Malaya' en los juzgados de instrucción de Marbella, que se han ido ampliando», dijo Jorge Manrique, abogado del empresario ganadero Fidel San Román.
El abogado del exalcalde Julián Muñoz, Javier Saavedra, incluso habló de que «hay un error» en el juicio, «ya que hay unos procedimientos aquí y otros en otro lugar. No hay 'Malaya' sin los convenios urbanísticos, son el elemento esencial de todo el caso. El Ministerio Fiscal debe dar una solución y si no, absuelve y nos vamos todos a casa», afirmó el letrado.
Pese al largo debate jurídico de ayer, el juicio retomará su curso -ya está en su último bloque- y hoy se celebrará una nueva sesión a partir de las 10.00 horas
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