Conejo pide a la Diputación que no retire las ayudas a las oficinas de urbanismo (SUR)

El grupo del PSOE pidió ayer al equipo de gobierno del PP en la Diputación de Málaga que rectifique su decisión de eliminar de los presupuestos de 2012 la subvención para las distintas oficinas territoriales de urbanismo que existen en la provincia, lo que podría suponer que «decenas de personas vayan a la calle» a partir de enero del próximo año.

Así lo expuso ayer en rueda de prensa el portavoz socialista en el ente supramunicipal, Francisco Conejo , quien anunció que hoy van a presentar una moción urgente en el pleno ordinario para exigir esta rectificación y que se vuelva al compromiso de facilitar al 50% el coste de personal de estas oficinas, que, como precisó, asciende a en torno los 250.000 euros en cada una de ellas.

Los socialistas pedirán que se mantenga el compromiso de ejecutar las dos nuevas oficinas territoriales que había proyectadas en la provincia, concretamente en Ronda y en la zona nororiental de la provincia, en Villanueva del Trabuco. En símbolo de protesta, algunos diputados y alcaldes de los municipios afectados comparecieron lo largo de la mañana de ayer en cada una de las cinco sedes actuales.

«Hachazo al municipalismo»

Para Conejo, la eliminación de estas oficinas supone «un hachazo claro y contundente de la derecha malagueña con el municipalismo» y consideró que, a seis meses de que el Partido Popular tomara el Gobierno de la Diputación, «no se puede permitir» llevar a cabo esta iniciativa.

Asimismo, calificó de «paso atrás» la eliminación de esta subvención, que significaría «un claro desmantelamiento de las oficinas territoriales», dado que, a la situación económica actual que atraviesan los municipios, se suma que la institución provincial «les deja solos» y, por tanto, «no podrán hacerse cargo de la financiación al 100% de las mismas».

Según el socialista, la existencia de estas oficinas está «más que justificada», ya que cumplen el doble objetivo de garantizar los derechos jurídicos de los ciudadanos y que los ayuntamientos cumplan «rigurosamente» con la legalidad en el ámbito urbanístico. Además, aseguró que «invertir en urbanismo es invertir en desarrollo», porque genera «oportunidades, empleo y crecimiento».

En concreto, cada una de estas oficinas emplean a unas cinco personas, que en total sumarían una treintena. Así, al posible despido de parte de estos trabajadores se sumaría los producidos en la Oficina Provincial de Planeamiento Urbanístico.