El exalcalde de Canillas de Aceituno afronta su tercer juicio por autorizar la construcción de viviendas en suelo no urbanizable
José Manuel Aranda tiene varias causas pendientes. :: ANTONIO SALAS
El exalcalde de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda, afronta su tercer juicio por autorizar durante su etapa como regidor de la localidad licencias para la construcción de viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable. Como en anteriores ocasiones, el exregidor se proclamó inocente y declaró que ignoraba que la licencia que autorizó no se ajustaba a la legalidad porque nadie le advirtió de ello. Aranda abandonó la Alcaldía en marzo del año pasado tras ser condenado por la Audiencia de Málaga a nueve años de inhabilitación por delito urbanístico.
El caso enjuiciado ayer se remonta a 2004, cuando aprobó la licencia solicitada por un particular para la construcción de una vivienda unifamiliar en unos terrenos situados junto al río Bermuza, en los que, según el fiscal, no se podía edificar al tratarse de suelo no urbanizable. El dueño de la vivienda también está acusado de delito urbanístico. El fiscal pide para este último una pena de dieciocho meses de cárcel mientras que para el exalcalde solicita un año de prisión e inhabilitación.
La vivienda, con una superficie de casi 300 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, fue levantada por el particular en una finca de 702 metros. La acusación pública sostiene que José Manuel Aranda «actuó con pleno conocimiento de la ilegalidad urbanística» y autorizó la licencia para la construcción en un suelo calificado por el Plan de Ordenación Urbana como no urbanizable.
El exalcalde se defendió: «Por aquel entonces no teníamos técnicos en el Ayuntamiento y el criterio para saber si se podía construir, era comprobar si había agua, luz, accesos asfaltados y recogida de residuos. Entonces era urbano y se daba el permiso. Yo consulté la licencia con el equipo técnico redactor que contratamos para el avance de las normas subsidiarias y no hubo objeciones. Nadie me advirtió de que aquello era ilegal». Aranda explicó que en aquellos tiempos no se realizaban ni informes técnico ni jurídicos para los permisos de obras.
Sobre el informe desfavorable a la concesión de la licencia por no contar la finca con la superficie exigida en la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) y que fue emitido por la secretaria municipal, el exalcalde dijo que lo conoció «con posterioridad» a la firma del decreto concediendo la licencia de obras.
Doscientos años
Aranda explicó ante el juez que río Bermuza es un enclave «con un núcleo urbano histórico, con casas desde hace doscientos años».
Por su parte, el dueño de la casa declaró que se enteró de la irregularidad «cuando vinieron los agentes del Seprona y me pidieron la documentación». Explicó que fue a informarse en el Ayuntamiento y le pidieron que rellenara una solicitud y aportara un proyecto básico de la obra a realizar. «Pagué las tasas y a los diez días recibí la carta con la licencia aprobada», dijo. Añadió que siempre consideró que en la finca se podía construir porque en la misma zona hay varias casas y hay agua, luz, pavimento y recogida de basuras.
Este es el tercer juicio por delito urbanístico para Aranda. En el primero resultó condenado y le costó el cargo, al ser inhabilitado. En el segundo fue absuelto, aunque la sentencia está recurrida por la Fiscalía. Además tiene pendiente otra causa más, cuya vista oral ha sido aplazada al mes próximo mes de octubre.
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