Se enfrenta a dos años de prisión e inhabilitación especial para empleo por diez años
EFE / MÁLAGA | ACTUALIZADO 04.06.2012 - 01:00
El ex alcalde de Cómpeta Leovigildo López Cerezo (PP) será juzgado por un delito contra la ordenación del territorio por la concesión de diversas licencias de obras en terreno no urbanizable, según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) constituyentes de fraude. Según el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso Efe, López Cerezo se enfrenta a dos años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por diez años, en una vista en la que serán juzgados además cuatro concejales, un arquitecto técnico municipal y la secretaria del ayuntamiento, entre otros.
Las conclusiones del fiscal han señalado que el ex alcalde, condenado en sendas sentencias del 2008 por otro delito contra la ordenación del territorio y por uno de prevaricación, ideó junto con los concejales y el arquitecto la concesión de licencias de obra en suelo no urbanizable "a sabiendas que no podían ser aprobadas". Al parecer, los acusados habrían utilizado los denominados Proyectos de Actuación, previstos en la LOUA, como medio para conseguir que se siguiera construyendo en aquellos casos en que según la ley "ya no era posible hacerlo". De este modo, según añade el escrito, se informaba a aquellos que solicitan licencia de obras del "camino a seguir" para que, en aparente cumplimiento de la LOUA, consiguieran una finalidad distinta de la prevista. Con objeto de darle "cierta cobertura jurídica" y ante las reticencias de la secretaria del ayuntamiento, también acusada, se contrató un asesor jurídico externo, que habría formulado informes en los que señalaba que "no existía inconveniente legal para la aprobación" de las licencias.
Las conclusiones del fiscal han señalado que el ex alcalde, condenado en sendas sentencias del 2008 por otro delito contra la ordenación del territorio y por uno de prevaricación, ideó junto con los concejales y el arquitecto la concesión de licencias de obra en suelo no urbanizable "a sabiendas que no podían ser aprobadas". Al parecer, los acusados habrían utilizado los denominados Proyectos de Actuación, previstos en la LOUA, como medio para conseguir que se siguiera construyendo en aquellos casos en que según la ley "ya no era posible hacerlo". De este modo, según añade el escrito, se informaba a aquellos que solicitan licencia de obras del "camino a seguir" para que, en aparente cumplimiento de la LOUA, consiguieran una finalidad distinta de la prevista. Con objeto de darle "cierta cobertura jurídica" y ante las reticencias de la secretaria del ayuntamiento, también acusada, se contrató un asesor jurídico externo, que habría formulado informes en los que señalaba que "no existía inconveniente legal para la aprobación" de las licencias.
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