miércoles, 7 de noviembre de 2012

Urbanismo puede vender suelo de Colinas para pagar la urbanización (Málaga Hoy)

La quiebra de la mayor promoción inmobiliaria en la historia reciente de la ciudad, Colinas del Limonar, con más de un millar de viviendas, es más que patente. Tras más de dos años de paralización en las obras, el Ayuntamiento de Málaga ha decidido tomar cartas en el asunto, al punto de que tiene previsto aprobar este jueves, en el Consejo de Urbanismo, el incumplimiento de las obligaciones de la Junta de Compensación del sector, ante la demora en los trabajos de urbanización. La determinación incluye la posibilidad de asumir y vender parte de los derechos edificatorios del sector para pagar los trabajos que restan por acometer. 


La actuación municipal se produce después de que la promotora haya incumplido las exigencias remitidas en lo que al avance de los trabajos en los viales se trata, y de que se subraye "el grave riesgo" que este parón supone para la circulación de la zona. Así lo apuntan los técnicos de Planeamiento y Gestión Urbanística, en el que añaden como una de las posibles razones de lo ocurrido "la falta de abono a la Junta de Compensación por propietarios miembros de la misma, que suponen un muy importante porcentaje de participación en las cargas de urbanización, lo que hace inviable en la práctica, el desarrollo de la actuación". 

La ausencia de movimiento en el sector ha derivado en "el abandono total de la conservación y mantenimiento" del vial existente (la calle Arrigo Boito) y "de las medidas de seguridad" que se implantaron en el desvío del viario existente en la zona, que da acceso directo a la A-7, Ronda Este, según consta en un informe urbanístico del 18 de mayo pasado. En el escrito, se incide en que esta situación "supone un grave riesgo para la circulación". 

De hecho, el desvío hacia la autovía fue autorizado por el área de Movilidad sólo hasta finales de 2009 o principios de 2010, algo que "también se ha incumplido". En este escenario, la documentación de Urbanismo alude a la existencia de denuncias por parte de la Asociación de Vecinos Gibralfaro, en relación a la paralización de estas obras "y la incidencia que ello ocasiona en la seguridad de la circulación", percepción agravada por otro informe de la Policía Local, el 9 de mayo, en el que alerta "de los problemas de tráfico existentes, la deficiente señalización, por lo que piden la urgente necesidad de acometer la finalización de las obras". 

Por todo ello, Urbanismo requirió, el 21 de mayo, a la promotora que adoptase medidas de seguridad y señalización para garantizar la seguridad de la circulación en el desvío existente, apercibiéndola de que el incumplimiento de esta reclamación podría acarrear un expediente sancionador, multas coercitivas y la ejecución de los trabajos necesarios de manera subsidiaria por parte del Consistorio. 

Al parecer, la respuesta de la Junta de Compensación, reunida en asamblea el 18 de junio pasado, fue positiva respecto a los requerimientos. Sin embargo, su incapacidad económica le impide asumir íntegramente el coste económico de las obras. En este sentido, el límite de tesorería del que dispone es de 600.000 euros, cuando la cantidad en la que se estiman las obras es de 1,3 millones. 

Entre las medidas que contempla Urbanismo está el cambio de naturaleza del sistema de actuación del sector, que pasaría de compensación a de cooperación. ¿Qué supone ello? Según la información, "la formulación y ejecución de la reparcelación forzosa de las superficies edificables, adjudicándose al Ayuntamiento, con carácter fiduciario y para su enajenación, las superficies necesarias para garantizar la ejecución del planeamiento en esta zona". 

Esta determinación provocó ayer la crítica del PSOE. Su portavoz, María Gámez, denunció la "imprudencia" y la "dejación de funciones" del equipo de gobierno del PP en este proyecto urbanístico. A su juicio, es "irresponsable" que "haya estado mirando hacia otro lado durante este tiempo", ya que "la falsa normalidad que trata de trasladar el PP contrasta con los serios problemas de tráfico que padece y el riesgo que suponen para la seguridad la lluvia". 

Esta promoción fue objeto de polémica, dado el efecto que la obra ha acabdo teniendo sobre la zona, con un movimiento de tierras de 3,1 millones de metros cúbicos. El coste global de la urbanización se calculaba en más de 40 millones de euros.

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