miércoles, 1 de mayo de 2013

Próxima parada del metro: Fracaso (La Opinión)


Las esperanzas de que el metro sea el transporte del futuro se desvanecen ante la lucha política y la falta de recursos, que amenaza con descarrilarlo

01.05.2013 | 10:01
Manuel García Peláez, José Luis Ruiz Espejo, Elena Cortés y José Antonio García Cebrián con el proyecto.
Manuel García Peláez, José Luis Ruiz Espejo, Elena Cortés y José Antonio García Cebrián con el proyecto. 
La idea del metro nació en 2003 con el aplauso y apoyo de todas las administraciones, compromisos de ayuda mutua y lealtad. Todo eso se terminó ahí. Desde entonces ha sido un camino lleno de piedras y baches que llegó ayer a su culmen con la decisión de la Consejería de Fomento de iniciar en solitario el último tramo del metro y de hacerlo en superficie, pese a la oposición municipal.

Nadie apostaba por la reunión de ayer sobre el metro de Málaga. Desde hacía meses estaba claro que el acuerdo entre el Ayuntamiento de Málaga y la Consejería de Fomento sobre el último tramo del metro (Guadalmedina-Malagueta) era imposible. Dos visiones distintas, contrapuestas y excluyentes, sin capacidad de matices o de encontrar un punto medio, impedían cualquier solución. Sin embargo, nadie se esperaba la bomba que soltó la consejera de Fomento, Elena Cortés, cuando anunció que el proyecto se iba a licitar en mayo. Sin tener en cuenta la opinión del Ayuntamiento de Málaga. Tenían amparo legal para ello y lo iban a ejercer. Los plazos le apremian.
Empezar por el final. El final del proyecto del metro es que será un fracaso. Al menos eso es lo que se intuye ante la ruptura del diálogo entre la Consejería y el Ayuntamiento, la posibilidad de que éste bloquee las obras en la Alameda y el Parque y de que, de hacerse algo, sea una alternativa que gusta a pocos. Corremos el riesgo cierto de tener un metro inacabado, que se quedará en la estación Guadalmedina, a la altura de El Corte Inglés. Un recorrido insuficiente. Otro error histórico como ocurrió con el Cercanías, que se quedó a medias hace 40 años y así sigue.
El problema de que no se construya, además, no es un problema sólo de dejar el proyecto a medias. Va más allá. El coste anual del metro se dispararía, ya que dejaría de mover ocho millones de pasajeros al año, lo que elevaría el coste del billete por pasajero. La diferencia entre ese coste y el precio al público lo pagarían la Junta y el Ayuntamiento. O dicho de otra forma, el contribuyente a razón de 10 millones al año, aproximadamente.
La espada, la pared y la factura. La jugada planteada por la Consejería de Fomento es arriesgada. Se expone a sufrir un fuerte desgaste político y críticas ciudadanas, donde la opinión generalizada es a favor del metro soterrado, un proyecto que se ha estado anunciando durante diez años y que, de pronto, se cambia en el último tramo. Sin embargo, la situación de bloqueo en la negociación con el Ayuntamiento y los fuertes pagos que tendría que afrontar si no cumple el proyecto no le han dejado otra opción.
Esa falta de alternativas la ha trasladado ahora al Ayuntamiento, que lo pone en la tesitura de aceptar que la Junta ejecute esa obra aunque no le guste, con su colaboración obligada para ordenar los desvíos de tráfico. Las opciones que le deja la Consejería son pocas: que el Ayuntamiento acepte por escrito asumir el sobrecoste de 50 millones en la explotación del metro sin terminar o que la concesionaria se comprometa a no demandar a la Junta por incumplir el contrato. Eso, traducido, viene a decir que no hay alternativas, ya que son condiciones casi imposibles de que se cumplan. Quedaría una tercera vía, que es incierta para el Ayuntamiento y con resultados catastróficos: recurrir a los tribunales y paralizar la obra.
Sevilla, el (mal) ejemplo. Lo que ha ocurrido con la concesionaria del metro de Sevilla ha sido definitivo para la Consejería de Fomento. La demanda que le ha puesto, reclamándole una indemnización de 145 millones de euros, no sienta un buen precedente. Además, no quiere asumir el excesivo sobrecoste que supondría su puesta en marcha a medias. La falta de recursos económicos de la administración autonómica y la necesidad de rentabilizar una inversión que supera ya los 560 millones de euros y alcanzará los 700 millones juegan a favor de las tesis de la Consejería.
En superficie, ¿la última opción? Queda en manos del Ayuntamiento mover ficha en los próximos días. El anuncio de la consejera parece que dejó fuera de juego ayer al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que no supo responder con una postura clara ante el anuncio de la Consejería, al menos no más allá de los argumentos habituales. El juego ha dado un cambio notable y queda en el Ayuntamiento el próximo movimiento. El tablero y las reglas son nuevas. La Junta camina con paso firme al trazado en superficie y el alcalde se puede ir olvidando de que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, intervenga. Éste se juega la permanencia en el Gobierno andaluz y no va a maniobrar para poner en peligro la coalición con IU y apoyar a De la Torre. Las opciones se agotan.
@Miguelferrary

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