Los vecinos de la barriada de La Noria, en Churriana, llevan años padeciendo las operaciones ilegales que llevan a cabo los inquilinos de al menos 12 viviendas promocionadas por el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía. Esta es la denuncia de Juan Martínez, presidente de la asociación de vecinos, quien afirma que el alquiler, la reventa e incluso la ocupación irregular de algunas casas ha sido una constante desde 1996, tres años después de que se entregaran.
Se trata de 140 viviendas protegidas, de las cuales 10 dependen de la gestión del Consistorio malagueño. "Nuestras viviendas sí las tenemos controladas", afirma el concejal del Distrito de Churriana, José Hazañas. Hace alrededor de un año y medio, el Ayuntamiento se vio obligado a actuar en la barriada y expulsar a las familias que residían de manera irregular en dos casas.
La información que maneja el gobierno local hace referencia a cuatro viviendas gestionadas por la Junta de Andalucía, según Hazañas y el problema ya no es la patada en la puerta: "Parece ser que se arreglan económicamente, según nos han informado, esperemos a ver qué dice la Junta".
La delegada provincial de Obras Públicas, Josefa López, asegura que el problema es que la Delegación no tiene medios para controlar el barrio ni autoridad para actuar en las viviendas: "Nosotros no tenemos competencia policial para entrar en las casas y expulsar a alguien".
Por su parte, los vecinos se sienten "ignorados" por las instituciones, que deberían actuar para frenar la ocupación irregular de las viviendas: "Nadie hace nada, ni la policía, ni el Ayuntamiento, ni la Junta", asegura Juan Martínez.
Quizá uno de los principales obstáculos para solucionar esta situación sea el miedo de los vecinos, que no se atreven a denunciar lo que ven día a día por temor a ser "importunados", como afirma el presidente de la comunidad. Él mismo ha tenido que aguantar los insultos de algunos inquilinos por ser el único que ha acudido a las autoridades para informar sobre los alquileres y ventas ilegales.
Una de las consecuencias de la falta de control es la progresiva marginalización del barrio. Martínez asegura que la zona comienza a convertirse en un punto de venta de drogas y que continuamente se ven peleas por la calle o carreras de coches y motos. Los problemas son evidentes: contadores de agua y luz rotos, muros y toldos que esconden las viviendas. Desde la concejalía del Distrito se ha remitido un escrito a la Delegación de Obras Públicas: "Estamos a la espera de que responda para que se inspeccione y para que se lleve a cabo un control".
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