martes, 27 de noviembre de 2007

El Gobierno dará apoyo a las víctimas de los ´asustaviejas´ (La Opinión)

La asistencia será gratuita y contará con la ayuda de los ayuntamientos. El Defensor del Ciudadano ya computa cincuenta denuncias en Málaga
La ministra de Vivienda, Carmen Chacón, anunció ayer que el Gobierno prestará asistencia social de manera gratuita a las víctimas del acoso inmobiliario, un problema que se ha extendido en las grandes ciudades de todo el país y del que no es ajena Málaga, donde el Defensor del Ciudadano ya ha cursado cincuenta denuncias al respecto. Chacón, que adelantó la medida en el marco del coloquio nacional de promotores y constructores, dijo que su departamento ha contactado con los ayuntamientos para exigirles contundencia y colaboración. Además, recordó que el acoso, conocido popularmente con el apelativo de ´asustaviejas´, se ceba con inquilinos sin recursos y está dañando la reputación del sector.En la provincia, sin ir más lejos, los casos abordados por el Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez, se elevan a medio centenar, de los cuales catorce aún no se han resuelto y dos están pendientes de la intervención judicial. Unos datos que sirven para dibujar la envergadura del problema en la zona, principalmente en la capital, que concentra la mayoría de las denuncias.Según narra Gutiérrez, la estrategia de asediar al inquilino mediante averías y tolerancia al deterioro no es residual en Málaga, donde hasta hace muy poco se operaba con total impunidad. A pesar del aumento de la sensibilidad municipal y de la labor del propio Defensor, que ha sido reclamado como mediador en multitud de ocasiones, el acoso no ha desaparecido. Especialmente, porque, en opinión de Gutiérrez, la administración le confiere poca importancia. Para atestiguarlo, plantea el ejemplo de algunos casos, que esperan desde hace más de cuatro años la actuación municipal.De acuerdo con la legislación, los ayuntamientos tienen la obligación de responder e incluso sufragar el mantenimiento de un inmueble ante la eventual dejadez del propietario. Además, pueden expropiar cualquier vivienda si el dueño desatiende las exigencias de conservación. Una posibilidad que jamás se ha llevado a cabo en la provincia.En cuanto al perfil de las víctimas, Gutiérrez destaca su condición de personas mayores, a menudo en estado de viudez, con pocos ingresos y varias décadas de residencia continuada en el edificio. "Los acosadores saben que pocas veces han sido multados y se aprovechan", señala Gutiérrez.

El Defensor ve preferible el respaldo judicial

El Defensor del Ciudadano de la Diputación de Málaga, Francisco Gutiérrez, valoró ayer la medida propuesta por el Gobierno, aunque no ocultó su preferencia por otras iniciativas como el respaldo judicial. En este sentido, dijo que la única manera de erradicar definitivamente el acoso inmobiliario pasa por brindar asesoramiento en los tribunales. "Se les debería prestar asistencia para que pudieran denunciar y que se resolviese por la vía penal, como ya ha pasado en algunos casos", reseñó. De los cincuenta expedientes abiertos por el Defensor en la provincia, dos fueron llevados a la Fiscalía, que les ha dado curso legal. Un número que no ha aumentado gracias a la intervención del propio organismo, que ha logrado que un total de 36 denuncias se solventaran mediante un acuerdo entre las partes. Otras, están pendientes desde hace años de una resolución municipal.

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