Un intermediario afirmaba que había dado mucho dinero para conseguir una licencia y el alcalde sostiene que era una actuación particular de un empleado municipal
"Parece ser que no hace ninguna alusión al Ayuntamiento, sino que esa supuesta actividad irregular responde a la compraventa de unos terrenos y no a la actitud del Ayuntamiento". En ese sentido se pronunció ayer el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), después de que se publicara una parte del sumario del caso Hidalgo en la que un intermediario aseguraba que había pagado "un montón de dinero a gente del Ayuntamiento" para conseguir una licencia de urbanización.Según publicaba ayer El País, en el informe policial aparecen una serie de negociaciones y presuntos pagos de personas con intereses en suelos de Estepona con funcionarios públicos o relacionados con el Ayuntamiento al objeto de conseguir edificar en unos terrenos adquiridos por uno de los imputados en la trama de blanqueo de capitales destapado a raíz del caso Hidalgo.En el informe policial se hace mención a un arquitecto municipal sin el que, según la Policía, "no se podría haber puesto en marcha este negocio". Dicho empleado, trabajador del área de Urbanismo desde 2004, mantiene una sociedad dedicada a proyectos de arquitectura y urbanismo, cuyo cometido, según el citado diario, es "informar de expedientes y licencias de planeamiento". Según las investigaciones policiales, el arquitecto formaba parte de las sociedades vendedoras de los terrenos adquiridos en Estepona por el imputado en el caso Hidalgo y mantenía relación con los administradores.Tras conocer estos datos, Barrientos aseguró que la información "hace alusión al supuesto intento de una actuación irregular a nivel personal de un empleado municipal, pero en ningún momento afecta al Ayuntamiento como institución".Según el alcalde, las conversaciones recogidas en las investigaciones policiales hacen mención a la compra venta de unos terrenos "cerca de San Pedro Alcántara", operación en la que el trabajador municipal habría actuado como intermediario.Concretamente, el imputado en el caso Hidalgo firmó a través de una de sus empresas un acuerdo con otras dos sociedades por el que se adquirían los terrenos en Estepona.Barrientos insistió en que los terrenos "son urbanos y no se ha producido ninguna recalificación ni aumento de edificabilidad. Sólo se ha hecho un estudio de detalle y un proyecto de urbanización".Preguntado sobre si el arquitecto municipal continúa prestando sus servicios en el Consistorio, Barrientos aseguró que sí. "Si no ha habido actuación judicial", dijo, "este hombre sigue trabajando en el Ayuntamiento", a lo que añadió que se va a informar "para ver lo que ha pasado, aunque si hubiera habido algo digno de actuar, ya lo habrían hecho los jueces. Estamos en un estado democrático y de derecho".El regidor ofreció toda su colaboración a los policías y los jueces y recordó que "siempre que he tenido conocimiento de alguna irregularidad lo he puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, como ya hice con el caso del concurso para la adjudicación del servicio de recogida de basura".
"Parece ser que no hace ninguna alusión al Ayuntamiento, sino que esa supuesta actividad irregular responde a la compraventa de unos terrenos y no a la actitud del Ayuntamiento". En ese sentido se pronunció ayer el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), después de que se publicara una parte del sumario del caso Hidalgo en la que un intermediario aseguraba que había pagado "un montón de dinero a gente del Ayuntamiento" para conseguir una licencia de urbanización.Según publicaba ayer El País, en el informe policial aparecen una serie de negociaciones y presuntos pagos de personas con intereses en suelos de Estepona con funcionarios públicos o relacionados con el Ayuntamiento al objeto de conseguir edificar en unos terrenos adquiridos por uno de los imputados en la trama de blanqueo de capitales destapado a raíz del caso Hidalgo.En el informe policial se hace mención a un arquitecto municipal sin el que, según la Policía, "no se podría haber puesto en marcha este negocio". Dicho empleado, trabajador del área de Urbanismo desde 2004, mantiene una sociedad dedicada a proyectos de arquitectura y urbanismo, cuyo cometido, según el citado diario, es "informar de expedientes y licencias de planeamiento". Según las investigaciones policiales, el arquitecto formaba parte de las sociedades vendedoras de los terrenos adquiridos en Estepona por el imputado en el caso Hidalgo y mantenía relación con los administradores.Tras conocer estos datos, Barrientos aseguró que la información "hace alusión al supuesto intento de una actuación irregular a nivel personal de un empleado municipal, pero en ningún momento afecta al Ayuntamiento como institución".Según el alcalde, las conversaciones recogidas en las investigaciones policiales hacen mención a la compra venta de unos terrenos "cerca de San Pedro Alcántara", operación en la que el trabajador municipal habría actuado como intermediario.Concretamente, el imputado en el caso Hidalgo firmó a través de una de sus empresas un acuerdo con otras dos sociedades por el que se adquirían los terrenos en Estepona.Barrientos insistió en que los terrenos "son urbanos y no se ha producido ninguna recalificación ni aumento de edificabilidad. Sólo se ha hecho un estudio de detalle y un proyecto de urbanización".Preguntado sobre si el arquitecto municipal continúa prestando sus servicios en el Consistorio, Barrientos aseguró que sí. "Si no ha habido actuación judicial", dijo, "este hombre sigue trabajando en el Ayuntamiento", a lo que añadió que se va a informar "para ver lo que ha pasado, aunque si hubiera habido algo digno de actuar, ya lo habrían hecho los jueces. Estamos en un estado democrático y de derecho".El regidor ofreció toda su colaboración a los policías y los jueces y recordó que "siempre que he tenido conocimiento de alguna irregularidad lo he puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, como ya hice con el caso del concurso para la adjudicación del servicio de recogida de basura".
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