El Consistorio inicia los trámites para revisar las 173 concesiones otorgadas en la 'era GIL' (SUR)

Como primer paso, ha elaborado un censo de la cesión de bienes de dominio público a terceros y de las adjudicaciones administrativas de servicios públicos. La mayoría implica el uso de suelo municipal a largo plazo
El equipo de gobierno municipal ha dado ya los primeros pasos, siguiendo la estela de la comisión gestora del Ayuntamiento, para aplicar luz y taquígrafo en las distintas concesiones administrativas otorgadas durante los gobiernos gilistas y posgilistas. Con esta iniciativa, pretenden conocer al detalle el estado del patrimonio municipal y ver las posibilidades legales de recuperar estos bienes de dominio público. El Consistorio analiza ahora con lupa -para su posterior revisión -las 173 concesiones administrativas que han detectado e incluido en un censo hasta ahora inexistente. Fuentes municipales aseguraron que éste es el paso previo para revisar cómo se cedieron bienes de dominio público -terrenos y locales- a terceros para su uso y también para actualizar las concesiones administrativas de distintos servicios públicos municipales. Según informan desde el equipo de gobierno, la mayoría de estas 173 adjudicaciones implica la utilización de suelo municipal por parte de entidades privadas sobre el que, en algunos casos hay un servicio público, y, muy a menudo, por periodos de disfrute muy largos, no sólo a 30 años sino también a 50 e incluso a 75 años, de los que han contabilizado un importante número. Esta práctica muy habitual de la 'era GIL' obligaba a dejar hipotecado por un largo periodo de tiempo el uso de estas propiedades municipales. En cambio, la ley vigente de contratos administrativos establece para este tipo de concesiones -de servicios públicos- un periodo muy inferior.

Lista de cesiones

El primer paso, no exento de dificultades, ha sido inventariar y catalogar estas cesiones de bienes inmuebles municipales. «Ha sido un auténtico encaje de bolillos», comentan fuentes próximas a la Alcaldía. En algunos casos la llegada al Ayuntamiento del pago de un canon servía a los responsables municipales para alertarles de la existencia de propiedades del Consistorio que no estaban inventariadas. Otra fuente de información muy valiosa para reconstruir los expedientes de concesiones de servicios públicos han sido los propios adjudicatarios, con quienes han mantenido encuentros directos para recopilar toda la información.La intención del equipo de gobierno es estudiar todas las concesiones e iniciar la preceptiva revisión atendiendo a una serie de criterios. El primero, la rentabilidad de estas adjudicaciones para averiguar qué contraprestación recibe el Consistorio por la cesión a terceros de bienes de dominio público. Le seguirán el análisis exhaustivo del periodo de concesión de servicios públicos con vistas a determinar si el acuerdo por el que se dio en su día la adjudicación resulta perjudicial para las arcas municipales; y por último, el servicio, esto es, la calidad con la que éste se presta. Según fuentes municipales, llevarán en breve una primera remesa de revisiones a la Junta de Gobierno Local. Y es que la tramitación resulta un tanto larga. En primer lugar, el equipo de gobierno debe valorar si hay un supuesto de nulidad de los acuerdos que adoptaron los sucesivos gobiernos gilistas y posgilistas. En caso afirmativo, derivan el asunto al Consejo Consultivo de Andalucía para que se pronuncie al respecto. Este órgano ya dio la razón a la comisión gestora que rigió el Ayuntamiento, tras la disolución de la corporación municipal presidida por Marisol Yagüe, en algunas de las revisiones de concesiones. Una vez logrado el dictamen favorable del Consejo Consultivo, el Consistorio tiene las manos libres para anularlo, dando previamente audiencia a los interesados. No obstante, fuentes municipales aseguran que extremarán la cautela en este procedimiento.