El capital defraudado en el sector de la construcción se acerca a los 10 millones de euros anuales. El 75 por ciento de los delitos contra la Hacienda Pública se registra en Marbella
El fraude a la Hacienda Pública tiene su máximo exponente en el sector inmobiliario. Las ingentes sumas de dinero negro que se mueven en este ámbito han llevado a la Agencia Tributaria a intensificar las inspecciones a promotoras y constructoras. Este aumento del control ha multiplicado los procesos judiciales. La Fiscalía investiga una veintena de casos de fraudes inmobiliarios contra la Hacienda Pública, que se derivan de las querellas presentadas en 2007 a raíz de la información proporcionada por los inspectores de la Agencia Tributaria. Esta cifra casi triplica a los ocho procesos que se tramitaron en 2006. El fiscal delegado de delitos económicos de Málaga, Antonio González, explica que ahora hay más coordinación entre la Abogacía del Estado, Hacienda y los órganos judiciales para perseguir este tipo de delitos. A este respecto, destaca que "hay normas de coordinación entre la Agencia Tributaria y la Fiscalía", para que en cuanto se detecten fraudes mayores de 120.000 euros se ponga en marcha una investigación judicial. El incremento de los casos tiene su origen en el Plan de Prevención del Fraude impulsado por el Gobierno en 2005, que precisamente refuerza el control en el sector inmobiliario por las grandes sumas que se defraudan, según comenta José Antonio Mollinedo, vicepresidente de la Asociación de Técnicos Financieros de Hacienda (Gestha). "Cada año se dejan de ingresar importantes sumas de dinero en el ámbito de la construcción". En 2007 la deuda liquidada en España gracias a las inspecciones en este sector ascendió a 1.200 millones de euros, y el número de contribuyentes inspeccionados creció un 31 por ciento, según datos de Hacienda. En Málaga el capital defraudado puede alcanzar, como media en cada caso, los 500.000 euros. Teniendo en cuenta los procesos investigados el pasado año (20), se calcula que el Estado no ingresó 10 millones de euros. Marbella acapara el 75 por ciento de los casos que se investigan. Métodos para estafar. El fraude fiscal en el sector inmobiliario puede cometerse de varias formas, como la omisión de ingresos mediante facturas falsas, o la venta de inmuebles a un precio muy inferior al escriturado para mover dinero en ´B´. En muchos, se utilizan sociedades domiciliadas en paraísos fiscales para conseguir canalizar el capital no declarado sin levantar sospechas. La tramitación de estos casos es lenta, por la complejidad de los métodos con los que se defrauda al fisco. Así, las instancias judiciales deben recabar información tributaria de otros países sobre sociedades de préstamo o socios de una empresa. Pero al margen de los casos que se investigan, los juzgados de Málaga tramitaron en 2007 un total de 40 procesos relativos a delitos contra la Hacienda Pública. La Sección de delitos económicos de la Fiscalía lleva también otros asuntos, como los delitos societarios o los fraudes a la Seguridad Social. En el primer caso, se abrieron 21 procedimientos relativo a administración desleal de entidades financieras. También se investigaron 20 delitos de insolvencia punible, 4 de apropiación indebida, 7 de fraude a la Seguridad Social por contrataciones irregulares y 6 asuntos de facturas falsas. Precisamente la Fiscalía ha promovido una investigación, dirigida por el juzgado de Instrucción número 4 de Marbella, que trata de esclarecer la supuesta emisión de facturas por parte de 3 empresas ´fantasma´ por un valor 120.000 euros al Ayuntamiento por trabajos de jardinería que nunca se hicieron.
El fraude a la Hacienda Pública tiene su máximo exponente en el sector inmobiliario. Las ingentes sumas de dinero negro que se mueven en este ámbito han llevado a la Agencia Tributaria a intensificar las inspecciones a promotoras y constructoras. Este aumento del control ha multiplicado los procesos judiciales. La Fiscalía investiga una veintena de casos de fraudes inmobiliarios contra la Hacienda Pública, que se derivan de las querellas presentadas en 2007 a raíz de la información proporcionada por los inspectores de la Agencia Tributaria. Esta cifra casi triplica a los ocho procesos que se tramitaron en 2006. El fiscal delegado de delitos económicos de Málaga, Antonio González, explica que ahora hay más coordinación entre la Abogacía del Estado, Hacienda y los órganos judiciales para perseguir este tipo de delitos. A este respecto, destaca que "hay normas de coordinación entre la Agencia Tributaria y la Fiscalía", para que en cuanto se detecten fraudes mayores de 120.000 euros se ponga en marcha una investigación judicial. El incremento de los casos tiene su origen en el Plan de Prevención del Fraude impulsado por el Gobierno en 2005, que precisamente refuerza el control en el sector inmobiliario por las grandes sumas que se defraudan, según comenta José Antonio Mollinedo, vicepresidente de la Asociación de Técnicos Financieros de Hacienda (Gestha). "Cada año se dejan de ingresar importantes sumas de dinero en el ámbito de la construcción". En 2007 la deuda liquidada en España gracias a las inspecciones en este sector ascendió a 1.200 millones de euros, y el número de contribuyentes inspeccionados creció un 31 por ciento, según datos de Hacienda. En Málaga el capital defraudado puede alcanzar, como media en cada caso, los 500.000 euros. Teniendo en cuenta los procesos investigados el pasado año (20), se calcula que el Estado no ingresó 10 millones de euros. Marbella acapara el 75 por ciento de los casos que se investigan. Métodos para estafar. El fraude fiscal en el sector inmobiliario puede cometerse de varias formas, como la omisión de ingresos mediante facturas falsas, o la venta de inmuebles a un precio muy inferior al escriturado para mover dinero en ´B´. En muchos, se utilizan sociedades domiciliadas en paraísos fiscales para conseguir canalizar el capital no declarado sin levantar sospechas. La tramitación de estos casos es lenta, por la complejidad de los métodos con los que se defrauda al fisco. Así, las instancias judiciales deben recabar información tributaria de otros países sobre sociedades de préstamo o socios de una empresa. Pero al margen de los casos que se investigan, los juzgados de Málaga tramitaron en 2007 un total de 40 procesos relativos a delitos contra la Hacienda Pública. La Sección de delitos económicos de la Fiscalía lleva también otros asuntos, como los delitos societarios o los fraudes a la Seguridad Social. En el primer caso, se abrieron 21 procedimientos relativo a administración desleal de entidades financieras. También se investigaron 20 delitos de insolvencia punible, 4 de apropiación indebida, 7 de fraude a la Seguridad Social por contrataciones irregulares y 6 asuntos de facturas falsas. Precisamente la Fiscalía ha promovido una investigación, dirigida por el juzgado de Instrucción número 4 de Marbella, que trata de esclarecer la supuesta emisión de facturas por parte de 3 empresas ´fantasma´ por un valor 120.000 euros al Ayuntamiento por trabajos de jardinería que nunca se hicieron.
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