Los ciudadanos podrán consultar y fotocopiar los documentos que estén relacionados con el planeamiento y el patrimonio del municipio
El gobierno de Marbella comienza por los cajones. Por ello, el Ejecutivo local que lidera la popular Ángeles Muñoz quiere dar ejemplo de su "transparencia política" con la creación de un registro público municipal que contenga todos los documentos relacionados con la ordenación urbanística y patrimonial de la localidad.Este archivo pretende acabar con el caos existente hasta el momento en esta materia. "En el Negociado de Bienes existían más de 500 expedientes sobre permutas y enajenaciones, ordenados por nombre; en la Asesoría Jurídica, figuraban 800 documentos que, en muchos casos, eran duplicados de los anteriores, y en la Delegación de Urbanismo constaban 514 convenios", argumentó ayer la alcaldesa.A partir de ahora, este nuevo instrumento permitirá a los ciudadanos consultar directamente estos documentos y hacer fotocopias de los mismos, con la única traba que pueda imponer la normativa que regula la protección de datos.La puesta en marcha de esta iniciativa supone además el cumplimiento de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que recoge los principios de participación pública, transparencia, publicidad y concurrencia, según recordó ayer Muñoz.El registro municipal de instrumentos de planeamiento se ubicará en el Servicio de Urbanismo y contará con la supervisión del secretario general del Ayuntamiento. En él, los interesados podrán revisar, por secciones, el Plan General de Ordenación Urbana; los planes de ordenación intermunicipales, de sectorización y especiales; los estudios de detalle y las ordenanzas municipales de edificación y urbanización. Además de los convenios urbanísticos y los bienes y espacios catalogados.La regidora avanzó que esta iniciativa se debatirá en el pleno del próximo día 29; por lo que no se podrá poner en marcha, al menos, hasta un mes después, ya que la medida requiere de un periodo de alegaciones de 30 días.Asimismo, recalcó la coincidencia de esta actuación con el último informe de fiscalización presentado por el Tribunal de Cuentas. Lo que, en su opinión, "evidencia una forma de actuar radicalmente diferente de una gestión caótica que ha derivado en un saqueo masivo".
El gobierno de Marbella comienza por los cajones. Por ello, el Ejecutivo local que lidera la popular Ángeles Muñoz quiere dar ejemplo de su "transparencia política" con la creación de un registro público municipal que contenga todos los documentos relacionados con la ordenación urbanística y patrimonial de la localidad.Este archivo pretende acabar con el caos existente hasta el momento en esta materia. "En el Negociado de Bienes existían más de 500 expedientes sobre permutas y enajenaciones, ordenados por nombre; en la Asesoría Jurídica, figuraban 800 documentos que, en muchos casos, eran duplicados de los anteriores, y en la Delegación de Urbanismo constaban 514 convenios", argumentó ayer la alcaldesa.A partir de ahora, este nuevo instrumento permitirá a los ciudadanos consultar directamente estos documentos y hacer fotocopias de los mismos, con la única traba que pueda imponer la normativa que regula la protección de datos.La puesta en marcha de esta iniciativa supone además el cumplimiento de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que recoge los principios de participación pública, transparencia, publicidad y concurrencia, según recordó ayer Muñoz.El registro municipal de instrumentos de planeamiento se ubicará en el Servicio de Urbanismo y contará con la supervisión del secretario general del Ayuntamiento. En él, los interesados podrán revisar, por secciones, el Plan General de Ordenación Urbana; los planes de ordenación intermunicipales, de sectorización y especiales; los estudios de detalle y las ordenanzas municipales de edificación y urbanización. Además de los convenios urbanísticos y los bienes y espacios catalogados.La regidora avanzó que esta iniciativa se debatirá en el pleno del próximo día 29; por lo que no se podrá poner en marcha, al menos, hasta un mes después, ya que la medida requiere de un periodo de alegaciones de 30 días.Asimismo, recalcó la coincidencia de esta actuación con el último informe de fiscalización presentado por el Tribunal de Cuentas. Lo que, en su opinión, "evidencia una forma de actuar radicalmente diferente de una gestión caótica que ha derivado en un saqueo masivo".
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