La propuesta autonómica contempla 4.800 viviendas protegidas frente a la del Ayuntamiento, que apuesta por mezclar las casas públicas con las de renta libre. Los propietarios de los suelos ganaron una sentencia contra la intención municipal de expropiar toda la zona para la construcción de hogares
En pleno rifirrafe entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía por la tramitación de proyectos urbanísticos para la realización de VPO en la ciudad, la Administración andaluza no ceja en su empeño por hacer de los terrenos que quedan vacantes entre El Cónsul y Puerto de la Torre un gran barrio de viviendas de protección oficial que continúe hacia el norte las que el Ayuntamiento construye en la zona de Soliva. Este periódico ha tenido acceso a un protocolo que la Consejería de Obras Públicas ha remitido al equipo de gobierno local en el que le insta a acordar la construcción de 4.800 casas protegidas en los sectores de Soliva Norte y Lagar de Oliveros, justo los terrenos en los que el Consistorio ha planificado la realización de un total de 3.475 pisos de VPO y 1.390 de renta libre.En cambio, la propuesta autonómica exige que esos 1.300 también sean de protección oficial para alcanzar la cifra de 4.800, algo a lo que el equipo de gobierno local siempre se ha negado por considerar que supondría una excesiva concentración de casas de promoción pública.En el protocolo, que no llegó a ser aceptado por el alcalde, Francisco de la Torre, se especifica que «los terrenos tendrán que adquirirse por alguno de los procedimientos previstos en la legislación y deberán calificarse como uso global residencial», por lo que se apuesta por su expropiación.Para ello, la Junta ya dictó en julio de 2005 una orden para la reserva de suelos en esta zona de la ciudad que el Ayuntamiento criticó duramente por considerarla como una injerencia en sus competencias urbanísticas. Así, en octubre de aquel año, el Gobierno local respondió a la acción autonómica con una reserva de un millón de metros cuadrados en el mismo sector para proceder a su expropiación forzosa.
Demanda
Sin embargo, los propietarios de los suelos respondieron a esta actuación municipal con una demanda en los tribunales que derivo en un fallo judicial que les dio la razón y que anuló el área de reserva marcada por el Consistorio. Esta sentencia puede complicar la intención de la Junta de construir casi cinco mil VPO en Lagar de Oliveros.Para ello, según el protocolo, el Gobierno andaluz propone la firma de un convenio en el que estén implicados el Ayuntamiento, la Consejería de Obras Públicas, a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, y también los actuales propietarios de los suelos para las viviendas.Por otro lado, cara la futura urbanización de los terrenos, tendrá que tenerse en cuenta un primer pronunciamiento sobre esta cuestión que ha elaborado la delegación provincial de Medio Ambiente en su primer informe sobre el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga. En este informe se señala la necesidad de elaborar un estudio acústico para marcar los límites de ubicación de las viviendas, que se encuentran en una zona próxima al trazado de la futura hiperronda, y de tener en cuenta el trazado de los cauces de varios arroyos que podrían provocar problemas de inundaciones en algunos supuestos de precipitaciones.Asimismo, Medio Ambiente ha recordado al Ayuntamiento la imposibilidad de marcar como zona para equipamientos del sector los suelos resultantes del sellado del antiguo vertedero de la ciudad. Está establecido que hay que esperar 30 años antes de poder utilizar estos terrenos de nuevo, por la acumulación de gases que presentan actualmente.
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