El contexto de desaceleración económica ha provocado que estas empresas hayan aumentado también los concursos de acreedores un 58 por ciento
Las promotoras y constructoras protagonizarán más del 40% de las declaraciones de insolvencia que se presentarán a lo largo de 2008, frente al 25% que supusieron el año pasado, según las estimaciones de algunos de los principales bufetes y consultoras especializadas en procesos por impagos.El número de concursos (antigua suspensión de pagos) ya se ha incrementado sustancialmente en el primer trimestre del año, cuando se presentaron casi 360, un 58% más que en el primer trimestre de 2007, de acuerdo con los datos preliminares de Price Waterhouse Coopers (PWC).El director de la Unidad Concursal de PWC, Enrique Bujidos, considera muy factible que esa progresión se mantenga el resto del ejercicio, con lo que se superarían los 1.600 concursos de acreedores, cifra todavía lejos de las registradas en otros países europeos, que recurren con más asiduidad a este instrumento.Según el diagnóstico de los profesionales del sector, las empresas que más están recurriendo a las declaraciones de concurso de acreedores son inmobiliarias y constructoras de tamaño medio, con pasivos de entre 15 y 100 millones de euros y con claros problemas de liquidez.Ese "estrangulamiento financiero" es corroborado por el socio de Jausas, Agustín Bou, que considera que el poder de negociación con las entidades de las grandes inmobiliarias y constructoras -y más adelante de los proveedores de materiales- impedirá que tengan que optar por un concurso."Hay un problema psicológico, que es que el banco no quiere soltar un solo euro porque la empresa está al borde del concurso y, cuando ya está inmersa en él, menos aún, pero es entonces cuando hay que trasladarles la idea de que un concurso de acreedores no perjudica sus garantías de pago", sostiene Álvaro Lobato, socio de Lexland.Ventajas. En el contexto actual de desaceleración del sector inmobiliario, los despachos no paran de destacar a sus clientes las ventajas de la presentación de un concurso voluntario, entre las que sobresale la paralización de los embargos y la ejecución de los ya existentes.También dejan de correr intereses de las deudas desde la presentación del concurso, además de eludirse la responsabilidad del administrador.Pero los expertos insisten en que el negocio es bueno para ambas partes, ya que el concurso de acreedores no tiene porqué desembocar en una liquidación, como venía ocurriendo con la anterior ley, cuando se calcula que sólo un 10% de las compañías eran reflotadas.Un punto negativo que se cierne sobre los concursos de acreedores de inmobiliarias y constructoras es la nueva Ley del Suelo, que podría acabar incidiendo en el volumen de deudas recuperadas por los acreedores. La nueva normativa, que da una definición más amplia de suelo rústico, podría suponer un cambio en el valor de tasación de los inmuebles.
Las promotoras y constructoras protagonizarán más del 40% de las declaraciones de insolvencia que se presentarán a lo largo de 2008, frente al 25% que supusieron el año pasado, según las estimaciones de algunos de los principales bufetes y consultoras especializadas en procesos por impagos.El número de concursos (antigua suspensión de pagos) ya se ha incrementado sustancialmente en el primer trimestre del año, cuando se presentaron casi 360, un 58% más que en el primer trimestre de 2007, de acuerdo con los datos preliminares de Price Waterhouse Coopers (PWC).El director de la Unidad Concursal de PWC, Enrique Bujidos, considera muy factible que esa progresión se mantenga el resto del ejercicio, con lo que se superarían los 1.600 concursos de acreedores, cifra todavía lejos de las registradas en otros países europeos, que recurren con más asiduidad a este instrumento.Según el diagnóstico de los profesionales del sector, las empresas que más están recurriendo a las declaraciones de concurso de acreedores son inmobiliarias y constructoras de tamaño medio, con pasivos de entre 15 y 100 millones de euros y con claros problemas de liquidez.Ese "estrangulamiento financiero" es corroborado por el socio de Jausas, Agustín Bou, que considera que el poder de negociación con las entidades de las grandes inmobiliarias y constructoras -y más adelante de los proveedores de materiales- impedirá que tengan que optar por un concurso."Hay un problema psicológico, que es que el banco no quiere soltar un solo euro porque la empresa está al borde del concurso y, cuando ya está inmersa en él, menos aún, pero es entonces cuando hay que trasladarles la idea de que un concurso de acreedores no perjudica sus garantías de pago", sostiene Álvaro Lobato, socio de Lexland.Ventajas. En el contexto actual de desaceleración del sector inmobiliario, los despachos no paran de destacar a sus clientes las ventajas de la presentación de un concurso voluntario, entre las que sobresale la paralización de los embargos y la ejecución de los ya existentes.También dejan de correr intereses de las deudas desde la presentación del concurso, además de eludirse la responsabilidad del administrador.Pero los expertos insisten en que el negocio es bueno para ambas partes, ya que el concurso de acreedores no tiene porqué desembocar en una liquidación, como venía ocurriendo con la anterior ley, cuando se calcula que sólo un 10% de las compañías eran reflotadas.Un punto negativo que se cierne sobre los concursos de acreedores de inmobiliarias y constructoras es la nueva Ley del Suelo, que podría acabar incidiendo en el volumen de deudas recuperadas por los acreedores. La nueva normativa, que da una definición más amplia de suelo rústico, podría suponer un cambio en el valor de tasación de los inmuebles.
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