Muchas de las parcelas en las que se autoriza construir están ocupadas por acciones ilegales de la era GIL, lo que obliga a los promotores a compensar
El panorama urbanístico de Marbella está repleto de situaciones paradójicas que, en ocasiones, producen daños graves a los ciudadanos. Ayer, la concejal responsable de Urbanismo, Alba Echeverría (PP), reconoció que el Ayuntamiento está teniendo ahora "serias dificultades" para poder conceder licencias de obras mayores que se ajusten al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, a pesar de que el documento se encuentra vigente y es el único reconocido por los tribunales.El motivo de esta contrariedad es que los promotores y empresarios que desean construir en zonas donde lo permite el PGOU no podrían llevar a cabo las compensaciones que exige la ley para el Consistorio, ya que las parcelas o viales donde deberían desarrollarse han sido ocupados por construcciones irregulares de la era GIL. Este caos heredado da lugar a que algunos empresarios se encuentren bastante "nerviosos" porque no pueden poner en marcha proyectos que tienen encaje perfecto en el Plan de 1986, según relató Echeverría.De hecho, en este primer año de mandato los populares apenas han tenido oportunidad de conceder licencias de obras mayores, debido a que cualquier solicitud tiene que ser estudiada en numerosas ocasiones para asegurar que no tiene ningún fleco contrario al planeamiento vigente. Por este motivo, la dirigente municipal señaló que Urbanismo está tardando entre 8 y 12 meses en conceder permisos de obras que superen los 60.000 euros.En su opinión, esta parálisis a la que está siendo sometida la ciudad será superada en cuanto se apruebe de manera definitiva el nuevo Plan General. Para agilizar su tramitación, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, mantuvo ayer una reunión con el delegado provincial de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, en la que éste se comprometió a que la próxima semana firmará el informe previo de declaración de impacto medioambiental, que resulta preceptivo para que el PGOU pueda ser llevado al Pleno de julio, donde se votará su aprobación provisional. Antes de que Trillo le dé el visto bueno, técnicos de ambas administraciones se reunirán para consensuar algunos aspectos del documento que está elaborando Manuel González Fustegueras.
El panorama urbanístico de Marbella está repleto de situaciones paradójicas que, en ocasiones, producen daños graves a los ciudadanos. Ayer, la concejal responsable de Urbanismo, Alba Echeverría (PP), reconoció que el Ayuntamiento está teniendo ahora "serias dificultades" para poder conceder licencias de obras mayores que se ajusten al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, a pesar de que el documento se encuentra vigente y es el único reconocido por los tribunales.El motivo de esta contrariedad es que los promotores y empresarios que desean construir en zonas donde lo permite el PGOU no podrían llevar a cabo las compensaciones que exige la ley para el Consistorio, ya que las parcelas o viales donde deberían desarrollarse han sido ocupados por construcciones irregulares de la era GIL. Este caos heredado da lugar a que algunos empresarios se encuentren bastante "nerviosos" porque no pueden poner en marcha proyectos que tienen encaje perfecto en el Plan de 1986, según relató Echeverría.De hecho, en este primer año de mandato los populares apenas han tenido oportunidad de conceder licencias de obras mayores, debido a que cualquier solicitud tiene que ser estudiada en numerosas ocasiones para asegurar que no tiene ningún fleco contrario al planeamiento vigente. Por este motivo, la dirigente municipal señaló que Urbanismo está tardando entre 8 y 12 meses en conceder permisos de obras que superen los 60.000 euros.En su opinión, esta parálisis a la que está siendo sometida la ciudad será superada en cuanto se apruebe de manera definitiva el nuevo Plan General. Para agilizar su tramitación, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, mantuvo ayer una reunión con el delegado provincial de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, en la que éste se comprometió a que la próxima semana firmará el informe previo de declaración de impacto medioambiental, que resulta preceptivo para que el PGOU pueda ser llevado al Pleno de julio, donde se votará su aprobación provisional. Antes de que Trillo le dé el visto bueno, técnicos de ambas administraciones se reunirán para consensuar algunos aspectos del documento que está elaborando Manuel González Fustegueras.
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