Vecinos denuncian un nuevo caso de acoso inmobiliario en la calle Granada · El interior de su bloque está siendo destruido
Una voz responde al otro lado del portero: "Subid, pero tened cuidado por las escaleras". Se abre la puerta y en la entrada al bloque se hace casi imposible respirar por la acumulación de polvo en el aire. A cuatro metros de la puerta y dos de las escaleras, suena un fuerte estruendo y cae un montón de escombros sin control por un patio interior. Más polvo, que sube al primer y segundo piso, abiertos de par en par y con la mayoría de tabiques derrumbados. En el tercero un plástico cubre la puerta. "Es para intentar que entre menos polvo, pero es imposible", dice el matrimonio que reside allí. Son los únicos vecinos que continúan en el número 45 de la calle Granada. Han presentado la última denuncia por acoso inmobiliario que ha llegado a la Oficina del Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez. "Es un caso típico y puro de asustaviejas", indica el Defensor, que ya ha comenzado los trámites para tratar de solucionar el problema. Aunque él acaba de conocer el problema, para esta familia se remonta a años atrás, cuando comenzaron a informar a la propietaria de su vivienda de que caían cascotes de la fachada. Nada se solucionó, así que acudieron a la Gerencia de Urbanismo, que ordenó a la casera la ejecución de varias obras para mantener el edificio en condiciones de habitabilidad. "Lo único que hizo fue apuntalar las zonas comunes y molestar a todos los vecinos", denuncia la mujer, que indica que ya sólo quedan ellos en el bloque: "Al resto ya los han echado", asegura. La propiedad también lo intentó con ellos y hasta les puso un detective privado para seguirles. Pero su contrato de alquiler es de prórroga forzosa desde que lo firmaron en 1978. "Y no nos vamos hasta que no nos den una solución", añade su pareja, que explica que allí han nacido y criado a sus hijos.De poco les sirve ahora mirar al pasado porque entonces se llevaban bien con su casera y ahora, tras un par de reuniones en verano, ni siquiera ha accedido a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Al contrario, a principios de octubre llegaron los albañiles y empezaron a echar el bloque abajo desde dentro. "Ellos ni sabían que aquí vivía gente y nos han dicho que lo peor está por venir, cuando empiecen a derrumbar el cuarto piso y nos caiga todo encima", subraya el matrimonio. Él lleva varios días durmiendo en casa de un familiar y comiendo fuera, mientras que ella apenas pasa por casa salvo para descansar cada noche. El ruido de los martillazos, el polvo que lo inunda todo y el miedo a que ocurra un derrumbe no les deja descansar, les irrita los ojos y le produce picores. "La última denuncia la presenté el viernes ante la Policía Local, porque esto nos está restando salud. Y ni siquiera nos han avisado del inicio de las obras ni nos han enseñado el proyecto", añade, mientras se desespera al pensar en lo que les queda. De obra y de tribunales. Hoy irán dos técnicos municipales a conocer el caso. "Lo increíble es que la Gerencia de Urbanismo haya concedido una licencia para la rehabilitación integral de un edificio que necesita tirar casi todo el interior con unos vecinos allí viviendo", añade Gutiérrez, que pide mayor colaboración en estos casos por parte de los responsables municipales, principalmente el alcalde, Francisco de la Torre, y el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado. Para denunciar este y otros casos, el Defensor del Ciudadano presentará un libro el próximo mes donde se recogen una veintena de casos de la capital malagueña.
Una voz responde al otro lado del portero: "Subid, pero tened cuidado por las escaleras". Se abre la puerta y en la entrada al bloque se hace casi imposible respirar por la acumulación de polvo en el aire. A cuatro metros de la puerta y dos de las escaleras, suena un fuerte estruendo y cae un montón de escombros sin control por un patio interior. Más polvo, que sube al primer y segundo piso, abiertos de par en par y con la mayoría de tabiques derrumbados. En el tercero un plástico cubre la puerta. "Es para intentar que entre menos polvo, pero es imposible", dice el matrimonio que reside allí. Son los únicos vecinos que continúan en el número 45 de la calle Granada. Han presentado la última denuncia por acoso inmobiliario que ha llegado a la Oficina del Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez. "Es un caso típico y puro de asustaviejas", indica el Defensor, que ya ha comenzado los trámites para tratar de solucionar el problema. Aunque él acaba de conocer el problema, para esta familia se remonta a años atrás, cuando comenzaron a informar a la propietaria de su vivienda de que caían cascotes de la fachada. Nada se solucionó, así que acudieron a la Gerencia de Urbanismo, que ordenó a la casera la ejecución de varias obras para mantener el edificio en condiciones de habitabilidad. "Lo único que hizo fue apuntalar las zonas comunes y molestar a todos los vecinos", denuncia la mujer, que indica que ya sólo quedan ellos en el bloque: "Al resto ya los han echado", asegura. La propiedad también lo intentó con ellos y hasta les puso un detective privado para seguirles. Pero su contrato de alquiler es de prórroga forzosa desde que lo firmaron en 1978. "Y no nos vamos hasta que no nos den una solución", añade su pareja, que explica que allí han nacido y criado a sus hijos.De poco les sirve ahora mirar al pasado porque entonces se llevaban bien con su casera y ahora, tras un par de reuniones en verano, ni siquiera ha accedido a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Al contrario, a principios de octubre llegaron los albañiles y empezaron a echar el bloque abajo desde dentro. "Ellos ni sabían que aquí vivía gente y nos han dicho que lo peor está por venir, cuando empiecen a derrumbar el cuarto piso y nos caiga todo encima", subraya el matrimonio. Él lleva varios días durmiendo en casa de un familiar y comiendo fuera, mientras que ella apenas pasa por casa salvo para descansar cada noche. El ruido de los martillazos, el polvo que lo inunda todo y el miedo a que ocurra un derrumbe no les deja descansar, les irrita los ojos y le produce picores. "La última denuncia la presenté el viernes ante la Policía Local, porque esto nos está restando salud. Y ni siquiera nos han avisado del inicio de las obras ni nos han enseñado el proyecto", añade, mientras se desespera al pensar en lo que les queda. De obra y de tribunales. Hoy irán dos técnicos municipales a conocer el caso. "Lo increíble es que la Gerencia de Urbanismo haya concedido una licencia para la rehabilitación integral de un edificio que necesita tirar casi todo el interior con unos vecinos allí viviendo", añade Gutiérrez, que pide mayor colaboración en estos casos por parte de los responsables municipales, principalmente el alcalde, Francisco de la Torre, y el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado. Para denunciar este y otros casos, el Defensor del Ciudadano presentará un libro el próximo mes donde se recogen una veintena de casos de la capital malagueña.
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