Técnicos municipales analizan si los expedientes se pueden ajustar al planeamiento tras su adaptación a la normativa urbanística de la Junta. El PP dice que va a generar indemnizaciones millonarias para los promotores
La decisión de adaptar el planeamiento actual -vigente desde 1994- a la normativa andaluza tendrá un escollo en los convenios condicionados a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En total, se firmaron unos 30 acuerdos bajo el mandato del ex alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, según explicó su sucesor en el cargo, David Valadez. El último fue el acordado con la promotora Prasa para demoler un edificio a cambio de una compensación de terrenos. El Consistorio esteponero analiza ahora estos documentos para ver si se pueden ajustar a las normas de la LOUA. Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento esteponero rubricó alguno de ellos antes de la entrada en vigor de esta norma, que impide que el dinero procedente de convenios se emplee para gastos corrientes. «El dinero de los convenios firmados después de la LOUA está en caja, los de antes, se tendrá que ver cuál es su situación», dijo el primer edil. El regidor llevará una propuesta al próximo pleno para adaptar el PGOU a la normativa andaluza -que sufragará la Junta de Andalucía- y posteriormente seguir con el proceso de revisión del documento. Durante este periodo, se podrán rubricar acuerdos urbanísticos. «Hay una reserva importante de suelo aún por desarrollar», agregó Valadez.
La duda sobre Bardají
El regidor no aclaró si el Consistorio seguirá contando para la revisión del documento -tras su adaptación a la LOUA- con el equipo redactor del documento encabezado por Enrique Bardají. «Hay un plan sobre el que se ha trabajado y se ha invertido mucho tiempo, esfuerzo y dinero, pero no se ha llevado ni siquiera a aprobación inicial; si sumamos la difícil situación económica y lo sucedido en la 'operación Astapa', lo más sensato es dotar al municipio de mayor seguridad jurídica mediante la adaptación del planeamiento», esgrimió el alcalde. La medida no convenció a la oposición. El portavoz del PP, Ignacio Mena, se opuso a la suspensión de la revisión del PGOU. Según el líder popular, la adaptación del planeamiento a la LOUA debe servir de documento puente, pero no se puede dejar el trabajo realizado en el cajón porque, según dijo, ahora es cuando se debe seguir trabajando en la revisión del plan. Respecto a los convenios firmados a cuenta del PGOU, Mena advirtió de que los empresarios pueden tener derechos adquiridos, por lo que se podrían llegar a exigir al Ayuntamiento «indemnizaciones millonarias».
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