sábado, 18 de octubre de 2008

La Junta rehúsa valorar el nuevo Plan General hasta su aprobación definitiva. Marbella (SUR)

El Gobierno andaluz reconoce que está al tanto de los cambios en el documento, pero recuerda que en este punto del proceso la competencia es del Ayuntamiento La alcaldesa sostiene que sí comparten las modificaciones introducidas al PGOU

Sí sabe pero de momento no contesta. La Junta de Andalucía, con la primera aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a la vuelta de la esquina, vuelve a salir a la palestra. Esta vez lo hace para poner cordura a un nuevo cruce de afirmaciones entre el equipo de gobierno del PP y el PSOE. Mientras que al alcaldesa, Ángeles Muñoz, sostiene que el Gobierno andaluz comparte los cambios introducidos tras la aprobación inicial al Plan General, redactado en su día bajo la tutela de la Junta, los socialistas aseguran que la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio no avala las modificaciones, mayormente relativas a los criterios para regularizar las miles de viviendas ilegales del gilismo.

En medio de este fuego cruzado, desde el Gobierno andaluz rehusaron ayer pronunciarse sobre su contenido hasta el momento de la aprobación definitiva, cuando tendrán la última palabra. «La Junta conoce el Plan pero no lo valorará hasta que llegue el momento porque estaríamos rompiendo el proceso», señalaron fuentes de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, al tiempo que subrayaron que en este punto la tramitación sólo compete al Ayuntamiento, pese a que es la Junta quien financia la redacción del primer PGOU de la ciudad en 22 años.

«Situación compleja»

Desde la Junta reconocieron, no obstante, que la situación urbanística del municipio es «compleja» y que hay que buscar «soluciones». Llegado el momento, abundaron, sopesarán los distintos aspectos del nuevo planeamiento «de uno en uno» y no de manera global. Así se lo hizo saber el propio consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, en sendas reuniones mantenidas en las dos últimas semanas, la última en el Parlamento andaluz.

En estos encuentros, la alcaldesa llegó a pedir que hubiera un respaldo expreso al nuevo Plan General, después de ser modificado por el equipo de gobierno y de dar respuesta a las más de 8.500 alegaciones. La respuesta del consejero fue idéntica, según explicaron estas fuentes: «Lo valoraremos cuando llegue el momento». Ese momento será a principios de 2009, tras la aprobación provisional del PGOU en pleno y cuando el Gobierno andaluz tome el testigo para su aprobación definitiva y su entrada en vigor, lo que la alcaldesa espera para marzo o abril.

La regidora, con todo, insistió ayer en que la Junta avala los cambios y se mostró sorprendida con que los socialistas digan lo contrario. Recordó que el Gobierno andaluz contrató al equipo redactor del que, dijo, conoce las modificaciones incorporadas y cuyo criterio ha prevalecido cuando había discrepancias con el equipo de gobierno. «Espero que el PSOE actúe con responsabilidad dada la importancia que tiene que sea aprobado - se llevará a pleno la próxima semana- por unanimidad. Debe estar a la altura», advirtió Muñoz.

El pasado miércoles la alcaldesa daba a conocer los principales retoques al documento inicial realizados por el equipo de gobierno, en consenso con los redactores del Plan. Desde el equipo de gobierno se incidió especialmente en uno: que se exime a los llamados compradores de buena fe de pagar las compensaciones por la regularización de las viviendas ilegales, al tiempo que se da un plazo de un año a los promotores para que pongan a disposición del Ayuntamiento los suelos fijados. En caso de no hacerlo, el Consistorio actuaría por la vía de apremio.

Respecto al futuro de las 752 viviendas ilegales que inicialmente quedaban fuera de ordenación, se reducen a 500 al incluirse dentro de la propuesta de regularización Jardines del Príncipe y Jardines de la Costa. De momento no tendrían hueco en el nuevo modelo de ciudad Banana Beach, varios pisos de Río Real y una treintena de viviendas de La Víbora, aunque la alcaldesa espera poder incluirlas en el sistema de compensaciones.

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