El presidente de la Asociación para la Regularización de las Vivienda de Mijas, Juan Antonio Blanco, informó ayer del auto emitido por el Juzgado número 5 de Málaga que paraliza la demolición de una de las 3.000 viviendas con expediente de derrumbe abierto en Mijas. "No tenemos confianza en el Ayuntamiento y lo único que nos queda es que la justicia nos ampare", dijo Blanco.Desde la asociación tratan de dar cobertura legal a las familias y regularizar la situación de manera que no se llegue al derribo las casas. En Mijas hay más de 8.000 viviendas irregulares. Los vecinos se quejan de la falta de información por parte del Consistorio y culpan a los alcaldes y concejales que han pasado por el gobierno durante años de haber permitido esta realidad. "Han mirado para otro lado mientras todo este caos urbanístico sucedía para conseguir ventaja política y ahora, como último beneficio, intentan obtener financiación a través de las multas que nos imponen", dijo Blanco.La asociación exige al equipo de gobierno local que comience la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como solución más inmediata al problema. Por otro lado, Juan Antonio Blanco, quiso acallar los rumores que acusan a estos vecinos de "no querer pagar las cargas urbanísticas. Estamos dispuestos a hacer frente a los pagos que nos correspondan para regularizar nuestras viviendas siempre y cuando no se nos derrumbe", añadió. Por su parte, el Ayuntamiento de Mijas ha mantenido conversaciones con el consejero de Vivienda de la Junta, Juan Espadas, para estudiar las vías para el avance esta cuestión. El alcalde destaca el empeño del Consistorio por resolver la situación de las familias con viviendas irregulares y reafirma su voluntad de seguir trabajando en esa línea dentro del marco de la Ley y con el objetivo de regularizar cuantas sea posible a través del Plan General, como ha ocurrido en Marbella.Antonio Sánchez trasladó al consejero su expectativa de encontrar soluciones consensuadas. La Concejalía de Urbanismo, está haciendo un estudio detallado de cada vivienda, que se está catalogando. Los datos del ente local no coinciden con los facilitados por la asociación. El alcalde de Mijas ha manifestado en reiteradas ocasiones que en total hay unos 1.200 expedientes abiertos por construcciones irregulares, de los cuales 500 corresponden a viviendas, el resto son construcciones, como muros, piscinas o cuartos de aperos.El regidor aclara que de los 500 expedientes sólo un porcentaje bajo corresponde a viviendas habituales de familias, de ahí la necesidad de tratar de resolver las situaciones individualmente.
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