Un arquitecto técnico que firme un certificado falso de obra para encubrir la ilegalidad de una construcción se atiene desde ahora a una pena mucho más dura. Un auto de la sección primera de la Audiencia Provincial de Cádiz ha estimado por primera vez la calificación de este delito como falsedad en documento oficial cometido por funcionario público. Es lo que llevaba meses pidiendo el coordinador de fiscales de Medio Ambiente de Andalucía, Ángel Núñez. Se endurecen las multas y crece el tiempo en el que el delito tarda en prescribir. Muchos casos archivados en El Puerto de Santa María y Chiclana, en la provincia de Cádiz, por el levantamiento de viviendas ilegales podrán reabrirse si se aplica a partir de ahora esta doctrina.
Núñez se había quejado de como los delitos contra la ordenación del territorio se saldaban con una simple multa. El fiscal consiguió el año pasado ver cubierto uno de sus principales retos: que se dupliquen las sentencias contra casas ilegales con órdenes de derribo. Y desde este nuevo auto de la Audiencia Provincial ha conseguido su segundo objetivo: endurecer las penas. El auto hace mención a un caso archivado por el juzgado de instrucción número 5 de El Puerto de Santa María. Se archivó porque, aunque se demostró que los dueños habían tratado de demostrar la legalidad de su vivienda con un certificado falso de obra firmado por un arquitecto, el delito ya había prescrito. La Fiscalía recurrió y reclamó que sobre el arquitecto recayese la tipificación aplicada a funcionario público. Según Núñez, el imputado actúa como tal al realizar funciones específicas recogidas en el reglamento hipotecario. "La especialidad del arquitecto técnico siempre ha sido la ejecución de obras, por lo que, profesionalmente, es quien mejor puede conocer su estado y entre sus principales funciones se encuentra la de suscribir las certificaciones de terminación de obra", recoge el auto. "Impedirá la prescripción de numerosos casos de delitos de falsedad de los que se ha tenido conocimiento en el último año", aseguró ayer el fiscal.
Núñez se había quejado de como los delitos contra la ordenación del territorio se saldaban con una simple multa. El fiscal consiguió el año pasado ver cubierto uno de sus principales retos: que se dupliquen las sentencias contra casas ilegales con órdenes de derribo. Y desde este nuevo auto de la Audiencia Provincial ha conseguido su segundo objetivo: endurecer las penas. El auto hace mención a un caso archivado por el juzgado de instrucción número 5 de El Puerto de Santa María. Se archivó porque, aunque se demostró que los dueños habían tratado de demostrar la legalidad de su vivienda con un certificado falso de obra firmado por un arquitecto, el delito ya había prescrito. La Fiscalía recurrió y reclamó que sobre el arquitecto recayese la tipificación aplicada a funcionario público. Según Núñez, el imputado actúa como tal al realizar funciones específicas recogidas en el reglamento hipotecario. "La especialidad del arquitecto técnico siempre ha sido la ejecución de obras, por lo que, profesionalmente, es quien mejor puede conocer su estado y entre sus principales funciones se encuentra la de suscribir las certificaciones de terminación de obra", recoge el auto. "Impedirá la prescripción de numerosos casos de delitos de falsedad de los que se ha tenido conocimiento en el último año", aseguró ayer el fiscal.
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