Los expedientes sancionadores caen un 30% por el parón del ladrillo Excederse o comenzar a trabajar antes del permiso, principales causas
Menos grúas en el horizonte, menos cubas para la recogida de escombros y menor volumen de expedientes por obras ilegales. El parón del ladrillo se deja sentir allí donde se oye la palabra construcción. Lo notan también en el área de disciplina urbanística del Ayuntamiento, que en el último año ha visto cómo el número de expedientes abiertos a obras sin licencia o que se excedían de los permisos concedidos se reducía en un 30 por ciento por el menor volumen de actividad. Con todo, Urbanismo detectó una media de 17 infracciones a la semana, lo que deja entrever que al menos en el ámbito de las obras menores, las conocidas como chapuzas, hay cemento fresco, aunque en algunos casos al margen de la legalidad. Así, según los datos de la Delegación Municipal de Urbanismo, en 2008 se incoaron 893 expedientes sancionadores por infracciones urbanísticas frente a los 1.294 del año anterior. Y en lo que va de 2009, la cifra se eleva a 125. «Todos los expedientes llevan aparejado el legalizador, que insta a que se pida licencia si no la hay y si no es legalizable, se obliga a que se tire», explica la edil de Urbanismo, Alba Echeverría.
El grueso de las infracciones obedece principalmente a dos factores. De una parte, la impaciencia para comenzar los trabajos, lo que hace que algunas constructoras o particulares inicien la obra tras solicitar la licencia pero sin esperar a que le sea concedida formalmente. De otra, los que se extralimitan y realizan una obra mayor de lo permitida, caso de pedir autorización para cerrar un balcón y aprovechar para algún retoque no declarado. «La ley es muy clara en este sentido y hay que sancionar», añade la concejala del ramo, que lanza un aviso a navegantes: se dan casos en que la multa acaba superando el valor de la obra. O como se dice popularmente, acaba costando más el collar que el perro.
De leves a muy graves
El baremo de las sanciones está fijado de antemano. En el caso de que se trate de una infracción leve oscilará entre los 600 o los 3.000 euros si es legalizable y entre el 50 y el 100 por cien del valor de lo construido si no cabe esa posibilidad. En el caso de las graves o muy graves ambos conceptos crecen, respectivamente, hasta los 3.000 a los 6.000 euros y los 6.000 a los 120.000 euros si son legalizables y entre el 75 o el 200 por cien del coste de los construido si no lo son. Con todo, se trata de cantidades orientativas que pueden reducirse si hay atenuantes o con otros parámetros en función del análisis de cada caso concreto.
Suelen ser los propios vecinos los que ponen a la unidad de disciplina urbanística sobre la pista. También los agentes de la Policía Local, que actúan como una prolongación de la inspección y se encargan de solicitar los permisos en las obras que se encuentran a su paso. «Cuando ven una obra es su área piden la licencia y si no la tienen levantan un acta y nos dan traslado. Después el aparejador elabora un informe que da lugar al expediente», explica Echeverría sobre los pasos de la tramitación.
Escombros
Con todo, hace un llamamiento a los vecinos para que denuncien cualquier anomalía que vean, como un exceso de escombros. «Son muchas más las que nos llegan de vecinos; su papel es muy importante», añade. De hecho, este tipo de infracciones también merman los ingresos en las arcas municipales. Es una cuestión matemática, si el impuesto de obras y construcciones supone el 4 por ciento del valor de la obra, cuanto menos declaran menos recaudará el Ayuntamiento.
Al margen de este día a día, el negociado de disciplina urbanística debe hacer frente al caos heredado de la 'era GIL'. «Nunca se le puso atención a este área. Se abrían expedientes pero no se concluían», subraya. De hecho, varios años después, hay procedimientos que todavía están vivos y, en el caso de que caduquen, se reactivan automáticamente para que no caigan en el olvido. «Hemos heredado una barbaridad de documentos y estamos haciendo un estudio para ponerlos al día y darle coherencia», señala la edil de Urbanismo
Menos grúas en el horizonte, menos cubas para la recogida de escombros y menor volumen de expedientes por obras ilegales. El parón del ladrillo se deja sentir allí donde se oye la palabra construcción. Lo notan también en el área de disciplina urbanística del Ayuntamiento, que en el último año ha visto cómo el número de expedientes abiertos a obras sin licencia o que se excedían de los permisos concedidos se reducía en un 30 por ciento por el menor volumen de actividad. Con todo, Urbanismo detectó una media de 17 infracciones a la semana, lo que deja entrever que al menos en el ámbito de las obras menores, las conocidas como chapuzas, hay cemento fresco, aunque en algunos casos al margen de la legalidad. Así, según los datos de la Delegación Municipal de Urbanismo, en 2008 se incoaron 893 expedientes sancionadores por infracciones urbanísticas frente a los 1.294 del año anterior. Y en lo que va de 2009, la cifra se eleva a 125. «Todos los expedientes llevan aparejado el legalizador, que insta a que se pida licencia si no la hay y si no es legalizable, se obliga a que se tire», explica la edil de Urbanismo, Alba Echeverría.
El grueso de las infracciones obedece principalmente a dos factores. De una parte, la impaciencia para comenzar los trabajos, lo que hace que algunas constructoras o particulares inicien la obra tras solicitar la licencia pero sin esperar a que le sea concedida formalmente. De otra, los que se extralimitan y realizan una obra mayor de lo permitida, caso de pedir autorización para cerrar un balcón y aprovechar para algún retoque no declarado. «La ley es muy clara en este sentido y hay que sancionar», añade la concejala del ramo, que lanza un aviso a navegantes: se dan casos en que la multa acaba superando el valor de la obra. O como se dice popularmente, acaba costando más el collar que el perro.
De leves a muy graves
El baremo de las sanciones está fijado de antemano. En el caso de que se trate de una infracción leve oscilará entre los 600 o los 3.000 euros si es legalizable y entre el 50 y el 100 por cien del valor de lo construido si no cabe esa posibilidad. En el caso de las graves o muy graves ambos conceptos crecen, respectivamente, hasta los 3.000 a los 6.000 euros y los 6.000 a los 120.000 euros si son legalizables y entre el 75 o el 200 por cien del coste de los construido si no lo son. Con todo, se trata de cantidades orientativas que pueden reducirse si hay atenuantes o con otros parámetros en función del análisis de cada caso concreto.
Suelen ser los propios vecinos los que ponen a la unidad de disciplina urbanística sobre la pista. También los agentes de la Policía Local, que actúan como una prolongación de la inspección y se encargan de solicitar los permisos en las obras que se encuentran a su paso. «Cuando ven una obra es su área piden la licencia y si no la tienen levantan un acta y nos dan traslado. Después el aparejador elabora un informe que da lugar al expediente», explica Echeverría sobre los pasos de la tramitación.
Escombros
Con todo, hace un llamamiento a los vecinos para que denuncien cualquier anomalía que vean, como un exceso de escombros. «Son muchas más las que nos llegan de vecinos; su papel es muy importante», añade. De hecho, este tipo de infracciones también merman los ingresos en las arcas municipales. Es una cuestión matemática, si el impuesto de obras y construcciones supone el 4 por ciento del valor de la obra, cuanto menos declaran menos recaudará el Ayuntamiento.
Al margen de este día a día, el negociado de disciplina urbanística debe hacer frente al caos heredado de la 'era GIL'. «Nunca se le puso atención a este área. Se abrían expedientes pero no se concluían», subraya. De hecho, varios años después, hay procedimientos que todavía están vivos y, en el caso de que caduquen, se reactivan automáticamente para que no caigan en el olvido. «Hemos heredado una barbaridad de documentos y estamos haciendo un estudio para ponerlos al día y darle coherencia», señala la edil de Urbanismo
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